El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha informado tras el Consejo de Gobierno sobre este recurso, que se enfoca sobre todo a los aspectos recentralizadores de la nueva ley, que además disminuye el margen de desarrollo normativo que corresponde a las comunidades autónomas.
Se recurren así, por vulneración de competencias exclusivas, los artículos relacionados con las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, el diseño de las pruebas y el establecimiento de su contenido para cada convocatoria.
Estos preceptos limitan la capacidad de las comunidades a la organización de los medios materiales y humanos para la celebración de las pruebas y su posterior corrección, con lo que quedan excluidas de intervenir en cualquier decisión.
A juicio del Consejo de Gobierno, La Lomce vulnera también el artículo 14 de la Constitución, que garantiza la igualdad y no discriminación; el 16.3, que declara el carácter aconfesional del Estado, y el 27.2, que establece que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
En relación con estos motivos de inconstitucionalidad, se destaca que la Religión pase a ser materia con influencia en las notas y en el acceso a becas y ayudas. El Ejecutivo andaluz considera que la imposición de esta asignatura, sin que exista una alternativa parangonable, atenta contra los derechos del alumnado.
Asimismo, el Gobierno andaluz señala que el artículo 84.3 y la disposición transitoria segunda de la Lomce fomentan el sostenimiento con fondos públicos de centros que imparten enseñanza diferenciada por sexo. Ello priva a la Administración educativa andaluza de la posibilidad de condicionar los conciertos educativos a criterios no sexistas.
Finalmente, la Junta recurrirá el artículo 135.2 de la Lomce, que establece que las comisiones para la selección de los directores de los centros públicos actuarán de acuerdo con la legislación estatal de régimen jurídico de las administraciones, una norma que no tiene carácter básico, lo que supone una vulneración del principio de autoorganización de la comunidad.
El recurso de inconstitucionalidad autorizado por el Consejo de Gobierno es uno de los cinco previstos por las comunidades autónomas contra la Lomce. El Ejecutivo autonómico considera que esta ley, que afecta a 1,9 millones de alumnos en la comunidad, es segregadora, técnicamente deficiente, tiene un calendario de difícil aplicación y carece de la adecuada financiación.
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