Marbella necesita muchas cosas, es evidente, el municipio progresa muy poco, entre ellas instalaciones deportivas como una pista de atletismo larga o una piscina olímpica. Y también, que es a lo que vamos, un estadio de fútbol. Hasta aquí todos estamos, creo, de acuerdo. El problema es qué tipo de estadio queremos. ¿Por qué Marbella no puede tener un estadio público? ¿Por qué hay que recurrir a macroproyectos que recuerdan a la Bajadilla? Aquello ya sabemos cómo terminó, esperemos que la historia no se repita.
El viejo estadio municipal Lorenzo Cuevas se iba cayendo a cachos hasta que, sin una alternativa, la alcaldesa, Ángeles Muñoz decidió su cierre en mayo de 2021 y descartó el proyecto faraónico presentado en
julio de 2020 en Puerto Banús, conocido como "Mini Bernabéu".
Aquella iniciativa privada, sin encaje urbanístico, la echó abajo en poco menos de un año y en
agosto de 2021 anunció la construcción, más rápido, de
un estadio público fruto de la colaboración entre distintas instituciones, con 15 millones de presupuesto.
De esto quizá ya hay quien no se acuerda, pero para ello están las hemerotecas. No era ninguna locura, ya que se apostaba por la
misma fórmula que se iba a utilizar en La Línea de la Concepción y en Linares.
Pero, en
abril de 2024, se dio un nuevo giro y se volvió a apostar por el
negocio privado, de nuevo de la mano del Marbella FC, con otro macroproyecto de entre 115 y 130 millones de euros.
Es en lo que estamos, ya con toda la documentación a la vista, en exposición pública desde hace días, por fin con
la transparencia que ha faltado siempre.
Todo parece atado y bien atado, ya lo veremos, para hacer
una concesión a dedo por 75 años a cambio de la construcción del nuevo estadio y su explotación.
Estamos hablando de una parcela municipal (de todos) de
30.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad, que se va a dejar en manos privadas (de algunos) como tantas cosas en Marbella. Seguro que hay "business" para muchos.
Pero, hay más aspectos que chirrían, y mucho, en un proyecto que tiene más
visos de pelotazo que de interés general y en el que se va aplicar el
urbanismo a la carta, propio de otros tiempos.
La primera pregunta es ¿por qué no se hace
un concurso público? La ley señala que una concesión demanial debe efectuarse en
régimen de concurrencia, aunque también establece la excepción de que se haga de forma directa a una entidad
sin ánimo de lucro.
Y aquí surge ya una primera triquiñuela porque quien la ha solicitado es la
Fundación del Marbella FC bajo el supuesto de que se trata de una iniciativa de "interés público".
Hasta aquí, visto así, parece que no hay mayor escándalo. Vemos una asociación sin ánimo de lucro solicitando un bien municipal para llevar a cabo un proyecto deportivo.
El problema surge cuando se rasca un poco y enseguida resulta que la propia Fundación dice que va a
utilizar "palancas", al más puro estilo del Barcelona de Laporta.
Es decir, que necesitará rendimiento para captar inversores y el estadio tendrá
un hotel de 84 habitaciones,
siete restaurantes, un
gimnasio,
zona comercial, celebración de
conciertos y un
aparcamiento de 1.000 plazas.
Todas estas
líneas de negocio se calcula que habrán generado
un beneficio neto (fuera de impuestos) al final del periodo concesional de 332 millones de euros. Para que nos entendemos mejor, serían 55.000 millones de las antiguas pesetas.
Entre los fines sociales con los que
en 2017 se creó la Fundación del Marbella FC no figura la construcción de estadios de fútbol, ni tampoco gestionar hoteles o restaurantes.
En el pliego de condiciones se pide al adjudicatario demostrar
una solvencia económica y financiera de 55 millones de euros. ¿Cómo lo va a hacer?
Y, esos 332 millones de ganancias, ¿revertirán en la Fundación y en la cantera del club? Me la juego a que no, porque el
lucro es evidente y ahí es donde es muy cuestionable la fórmula de la concesión directa.
Podemos hacernos todas las preguntas que queremos, pero al final vamos a asistir a
un pelotazo en pleno centro de Marbella, con visos, por el momento, de una legalidad cogida con pinzas y que acabará en los tribunales, no hay que ser un augur.
No podemos olvidar que, como en los mejores (o peores) tiempos del GIL, hasta se
ha adaptado la legalidad urbanística al proyecto, y no al revés, haciéndole un traje a medida en el que ahora encaja a la perfección (no así en 2020).
A primeros de año se aprobó una modificación de las
normas urbanísticas para permitir en zona deportiva
un 20% de otros usos: comercial, hotelero, etc.
Todo se ha ido adaptando para facilitar esta iniciativa claramente empresarial, con una fuerte inversión que, lógicamente, necesitará luego un retorno para sus inversores. Esto es algo normal, nadie da duros a pesetas.
Pero eso hay que plantearlo de frente y no disfrazarlo para entregar un bien público a dedo, como si tuviera una
supuesta utilidad pública y fuera poco menos que para
ayudar a los niños desvalidos.
Esto es una tomadura de pelo a la ciudadanía. De Madrid vuelven a venir a tomar por tontos a los de las provincias. ¿Por qué lo permite la alcaldesa, que es muy lista? Seguro que, para llegar desde la capital, tendrán que pasar por algún peaje más caro que el la AP-7.
En
La Línea de la Concepción (Cádiz), la Balona tiene ya su nuevo estadio, para el que la Junta ha aportado 6 millones de euros. En
Linares están en ello, con 9 millones del gobierno regional. La Rosaleda, en Málaga capital, es pública.
En Marbella, vamos por libre, seguimos sin campo de fútbol, pero tenemos ya el
segundo macroproyecto privado en cuatro años. Si se hace, no será municipal hasta dentro de 75 años.
Quiero pensar que la gente está harta, o quizá no tanto, porque muchos siguen votando lo mismo, del
tren bala, la isla artificial y hasta de la ampliación de La Bajadilla a la que, estos días, recuerda mucha gente el nuevo estadio de fútbol.
Establecer como página de inicio
Añadir a favoritos
