La sensación de impunidad en Marbella para algunas personas viene de muy atrás. Fueron muchos años de gilismo y ahora, con formas muy similares, de neogilismo. Unos y otros pensaron, piensan, que pueden hacer lo que quieran, porque no solo no tiene repercusión en las urnas, sino tampoco en los juzgados. No se vislumbra en el horizonte una solución a esta ciudad sin ley.
Son miles las viviendas ilegales, y ninguna se ha derribado, bueno sí, la de
Antonio Banderas, por propia iniciativa.
Hay millones de euros de dinero robado que falta por recuperar para las arcas municipales, mientras sus responsables andan ya por la calle.
Ahí está el
paseo marítimo, también ilegal, que se comió las playas en su día, mientras ahora le echamos la culpa al mar de la falta de arena y pedimos espigones.
Aquí todo vale, hasta tener ahora a una
alcaldesa vinculada al narcotráfico y al blanqueo de capitales sin que eso le haya pasado la menor factura.
Ancha es Castilla, que se suele decir, una expresión que parece echa a medida para Marbella.
En ese ambiente de 'hago lo que me sale de ahí', el penúltimo ejemplo lo tenemos, una vez más, en la
discoteca Opium.
Vaya por delante que sus propietarios tienen todo el derecho a
explotar su negocio, faltaría más, porque enseguida hay quien te sale con que si crean puestos de trabajo y tal.
Pero es evidente, aunque aquí hasta nos suene raro, que deben hacerlo
dentro de la ley y con el respeto debido a los derechos de las personas que residen cerca.
La historia de este negocio en Marbella es un cúmulo de irregularidades, con la permisividad del Ayuntamiento, denunciada por los vecinos.
Existe esa sensación de impunidad para una empresa que, quizá casualidades,
patrocinó el coche de carreras del hijo de la alcaldesa, Christian Broberg Muñoz.
Este no es un tema menor, ni meterse con la pobre regidora, porque ese vehículo aparece en el sumario de la llamada
trama sueca como objeto de presunto tráfico de influencias, este delito del que hoy en día se habla tanto.
Y, quizá sea una coincidencia, Opium
ha campado a sus anchas durante estos años y parece que continuamos en la misma línea.
El Ayuntamiento se vio obligado a revocar los permisos en noviembre de 2022, tras el tiroteo con
Froilán de Marichalar de por medio, y con las quejas de los vecinos en los juzgados. Solo así hicieron algo.
Pero en marzo de 2023, la discoteca inició los trámites para una
nueva licencia de apertura, en lo que aún está.
Pese a ello, Opium abrió el pasado
martes 9 de julio. Lo hizo sin permiso municipal y también sin el de la Demarcación de Carreteras. Todo un canto a la osadía. El miércoles cerraron.
Y es que, durante estos años, han funcionado con una licencia de
restaurante para ocho personas y con una autorización para
club deportivo. Alucinante, en un recinto que es todo menos eso. Aquí todo vale.
Ahora, piden una licencia para establecimiento de hostelería
sin música, mientras todo está lleno de altavoces y con cabina para el pinchadiscos. Serán adornos.
El problema no es otorgarle los permisos a Opium, que seguro que cumple todos los requisitos, sino después
vigilar que la actividad que se desarrolla no sea otra, como ha venido ocurriendo.
O que no se cojan una parte del
aparcamiento público del Parque Mediterráneo para sus clientes, como ocurrió el 9 de julio, mientras hay quien dice que se lo han "alquilado" al Ayuntamiento.
Parece imposible cumplir la ley, incluso en los juzgados, donde el mítico juez Dívar archivó por la vía rápida la denuncia de los vecinos porque, claro, iba contra Ángeles Muñoz, a la que ni siquiera citó para declarar. Cosas que pasan.
El asunto da para una novela turca, con cientos de capítulos. En Marbella todo es muy ancho.
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