Estamos a dos semanas vista de las que, sin duda, serán las elecciones municipales más importantes de la historia de Marbella en los últimos 20 años. Creo que no exagero en absoluto después de que, hace ya siete meses, se conocieran los vínculos de la que ha sido alcaldesa durante 14 años, Ángeles Muñoz, con el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Una relación que, cada vez para más evidente, se trasladaba también al Ayuntamiento.
Estamos, por tanto, ante una situación crítica a la que
no ha querido poner fin la Justicia, ni tampoco el propio Partido Popular, que ha decidido mantener como candidata a la Alcaldía a Muñoz, quien tampoco ha visto conveniente apartarse.
Serán, por tanto,
los vecinos y vecinas del municipio los que tengan en sus manos el próximo
28 de mayo dar en el Ayuntamiento de Marbella un giro que parece poco menos que imprescindible.
Y es que hemos conocido una amplia relación de
asuntos muy graves, pero únicamente tener a una alcaldesa rodeada por el
tráfico de drogas y el blanqueo de capitales ya sería razón suficiente para que hubiera dimitido.
Su marido, ya fallecido, fue procesado por pertenencia a
organización criminal y blanqueo de la droga. El hijastro de la regidora irá a juicio por estos dos mismos delitos y también por
narcotráfico.
Otros familiares de Muñoz aparecen en el sumario. Sus propios
hijos biológicos figuran en
una sociedad de Panamá, un paraíso fiscal, señalada por el juez como tapadera para el blanqueo.
A este breve recordatorio hay que añadir las
dudas sobre el patrimonio de Ángeles Muñoz, que no ha sido capaz de aclarar y desvincularlo de los negocios turbios de sus familiares, por lo que la sospecha permanece.
La candidata del PP dijo el otro día que desde 2007 había "mejorado la calidad de vida de los vecinos", una frase bastante discutible. Lo que sí está claro es que
su patrimonio ha mejorado sensiblemente durante estos años hasta alcanzar 15 millones de euros en valor de mercado.
Sabemos que la regidora
ocultó en sus declaraciones de bienes ante el Ayuntamiento y el Senado, al que ha dado plantón en la investigación que le han hecho, propiedades por más de cuatro millones de euros en el mercado.
También hemos conocido que
hizo obras ilegales en una casa de su propiedad en Nueva Andalucía. Una alcaldesa que no respeta ni sus propias normas. ¿Quién da más?
Son asuntos, junto a otros muchos, que, cada uno de ellos, de forma individual, serían
motivo para la dimisión o para que no se volviera a presentar coimo candidata.
Y ya si vamos a las
conexiones de la llamada trama sueca con el Ayuntamiento, se ponen los pelos de punta de lo que puede haber aún por descubrirse.
Sabemos que la Policía, en uno de sus informes, explicó que el hijastro de la alcaldesa,
Joakim Broberg, trataba al Ayuntamiento como si fuera propio.
Y es que, tras las elecciones municipales de 2019, Joakim Broberg dijo aquella
célebre frase: "tenemos Marbella y toda la jodida Andalucía".
Ahora, con la penúltima entrega de todos estos escándalos, con
los audios, hemos entendido a qué se refería.
Y es que el presunto narcotraficante
tenía acceso directo, al menos, a su madrastra la alcaldesa y a dos de los principales concejales del Ayuntamiento,
Diego López y
José Eduardo Díaz, la guardia pretoriana de Muñoz.
También podía concretar reuniones con el primer teniente de alcalde,
Félix Romero, y con la principal directora general de Consistorio,
Victoria Martín Lomeña, ahora en la Junta de Andalucía.
El
daño por culpa de todos los tejemanejes de la alcaldesa y sus secuaces es insoportable para una ciudad que vive del turismo.
Marbella
no puede estar gobernada por personas que mantienen contactos con presuntos miembros de una organización criminal dedicada al
tráfico de drogas y al
blanqueo del dinero que ganan utilizando paraísos fiscales.
Es
la hora de la ciudadanía. No hay otra solución. Los jueces no van a hacer nada y muchos menos el PP.
Solo el voto el 28 de mayo puede acabar con la narco gestión y con el miedo.