El problema de las viviendas de uso turístico en Marbella lo ve todo el mundo y, estoy convencido, de que también la alcaldesa, Ángeles Muñoz. Lo que no acierto a comprender, por más vueltas que le doy, es qué oscuros intereses tiene detrás para negarlo, al contrario de lo que hacen otros regidores, también del PP, en ciudades como Málaga o Granada.
Desde hace muchos meses, cuando la situación se empezó a tornar en insostenible, Muñoz lleva
mareando la perdiz para no afrontar un problema que, insisto, es evidente.
La alcaldesa se agarra a unos diagnósticos irreales, con datos que parecen hechos a la carta, que le vienen bien para insistir en su
rechazo a limitar los pisos turísticos en el municipio.
Su última vuelta de tuerca fue solicitar el pasado verano a la
Universidad de Málaga un estudio, cuyas conclusiones se presentaron la pasada semana.
No voy a entrar en el trabajo de los técnicos, aunque tengo la sensación de que han hecho un buen papelón, sino en la
valoración política que hizo la regidora que, al fin y al cabo, es lo que va a ocurrir.
"A la vista de este estudio, no entendemos que exista
ningún riesgo, ningún problema que tengamos que abordar", dijo.
"No vamos a decir que se va a limitar, se va a controlar y vamos a estar muy pendientes de que este fenómeno no se convierta en un problema", añadió.
Y, para distraer la atención, planteó
dos medidas ridículas.
Una de ellas, crear un
registro municipal de pisos turísticos, cuando ya existe el oficial de la Junta de Andalucía, pero que dice que no refleja la realidad porque solo se comercializan el 32% de las viviendas.
Y, otra, limitar el cambio de uso para esta actividad en locales comerciales.
No he visto ninguna vivienda turística en un local comercial, que lo mismo las hay, pero serían residuales. Eso no es lo que hay que regular.
Los inconvenientes que generan los pisos turísticos son principalmente dos y todo el mundo los tiene presentes, salvo quien viva en
una mansión, claro.
Por un lado, producen un
problema de convivencia con el resto de los vecinos cuando se encuentran en edificios destinados a uso residencial.
Por otro, tienen un evidente impacto en el
mercado de alquiler de larga temporada, para vivir, reduciendo la oferta y disparando los precios.
Para conocer esto, de verdad, no hacen falta estudios ni darle muchas vueltas al asunto.
Pero en Marbella no se va a hacer nada porque la alcaldesa no quiere, mientras otros municipios con una casuística similar sí lo hacen.
Y no, no son localidades gobernadas por rojos ni comunistas. Lo han hecho
alcaldes y alcaldesas del PP en Málaga y Granada, por citar dos.
En
Málaga, a finales del año pasado, se prohibió la implantación de nuevas viviendas turísticas, vía planeamiento urbanístico, en 43 barrios.
Similar ha sido la actuación en
Granada, donde se han prohibido las altas en zonas con mucha presión.
Es lo que se denomina una zonificación, algo que también ha descartado Ángeles Muñoz.
Según los últimos datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE), en Marbella hay cerca de 7.000 viviendas turísticas, mientras que Málaga, ciudad mucho más grande, tiene 7.500, y Granada, también con mucha más población, cuenta con 2.700.
Estas localidades toman medidas, Marbella no, ¿Por qué?
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