Guerra de guerrillas

Parece del todo inevitable no mostrarse indiferente ante las publicaciones de los medios y las continuas novedades en relación al asunto “Koldo” -que ya en mi artículo de la pasada semana anticipé que también podría ser asunto “Ábalos”-, y que el principal partido de la oposición se empeña en cambiarle el nombre para que se convierta en asunto “Sánchez”. El tiempo, junto a las investigaciones periodísticas y decisiones judiciales, dará o quitará razón. 

Creo, y yo así lo asumo, se puede hacer extensible a una buena parte de la población el profundo rechazo que produce la corrupción. Pero, dejarlo en tan solo una declaración como ya de forma reiterada hace el ministro Bolaños, no sirve para nada si no va acompañada de acciones concretas.

Es desde dentro de los centros de poder -públicos y privados- donde se tiene que abordar esa lucha en primera persona. Lo triste es que desde esos mismos centros de poder -insisto públicos y privados- se inicia y expande la corrupción. Y, ante tal contradicción me pregunto, ¿qué podemos hacer los ciudadanos al respecto?

En el avance de resultados del barómetro de opinión de noviembre de 2023 que publica el CIS, ante la pregunta a la ciudadanía de ¿cuál es, a su juicio, el principal problema que existe en España?, entre 20 conceptos, la corrupción y el fraude ocupa el lugar 11, siendo el paro el primero y en segundo lugar la crisis y los problemas de índole económica.

Resulta curioso que, en esa misma encuesta y refiriéndose a la pregunta de ¿y cuál es el problema que a usted, personalmente, le afecta más?, la crisis económica, seguida de la sanidad y el paro ocupan las tres primeras posiciones pero la corrupción y el fraude bajan hasta el último escalón. Me recuerda ese refrán popular de “ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el nuestro”.

Fuera de nuestras fronteras, acudiendo al Índice de Percepción de la Corrupción en 2023 que publicó recientemente Transparencia Internacional, que mide los niveles de la corrupción en el sector público de más de 180 países y territorios del mundo, España ocupa la posición 36 (de 180) con 60 puntos.

Aclarar que los países se ordenan por su menor a mayor índice de corrupción. Es Dinamarca (90 puntos), Finlandia (87) y Nueva Zelanda (85), seguidos de Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Países Bajos, Alemania y Luxemburgo, los países que completan los diez primeros puestos.

Asumo que uno de los conceptos de corrupción es el abuso de poder de y desde dentro del sector público para beneficio -directo o indirecto- del sector privado con incumplimiento de normas jurídicas. Una corrupción pública diferenciada de la corrupción política que, según estadísticas judiciales, en 2009, el que fue Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, declaraba en el Congreso de los Diputados que la Fiscalía llevaba investigando 730 causas que afectaban a cargos públicos electos o de designación política por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Muchos de esos escándalos de corrupción no se daban en la Administración General del Estado. Quiero decir que lo eran a nivel local de Gobierno en infinidad de municipios -en aquel entonces más de 600-, en las Comunidades Autónomas (unas más que otras), e incluso -recordando el asunto Urdangarín- dentro de la Casa Real.

Es más que evidente que la emergencia de tal multitud de escándalos de corrupción y la correspondiente preocupación por este fenómeno, medida a través de encuestas de percepción y de victimización, se suman a la presión hacia la desconfianza institucional existente en España.

A ello le debemos añadir todo lo derivado de la crisis económica y de la sensación de falta de respuesta por parte de los poderes públicos a las demandas de la ciudadanía. Y en ese apartado institucional, no lo olvidemos, se encuentran las personas que ocupan cargos públicos.

Avanzada ya nuestra transición democrática, con resultados positivos más que evidentes en nuestra convivencia y prosperidad, debemos ahondar más en el avance de la justicia, de la lucha contra lo injusto. La imagen de nuestro país está en juego y, si cabe tan importante como esa visión internacional, lo es nuestra mirada interior. Saber que nos podemos fiar de los nuestros. Que no tienen cabida los tramposos, ni los sinvergüenzas.

No hay nada que nos deba hacer dar marcha atrás en mostrar nuestra repulsa e indignación contra la corrupción, proceda donde proceda, y sin diferencia alguna entre si los corruptos y beneficiados lo son cercanos a nuestro ideario político o al del contrario.

Nos encontramos ante una lacra que representa un auténtico ataque al Estado de Derecho. Las nuevas mayorías, las ya existentes o incluso aquellas que puedan producirse en un futuro no pueden cercenar los avances que se hagan para la erradicación de la corrupción ni mucho menos por un espurio interés o momentáneo rédito político. Acabemos de una vez -acaben ustedes representantes públicos- por todas con esta guerra de guerrillas.