Es en Marbella, al igual que ocurre en muchos lugares de España, donde los lunes se reúnen en una emblemática plaza, la de los Naranjos, frente al Ayuntamiento, un grupo de mujeres y hombres: compañeros. Reconozco que en muy pocas ocasiones me he sumado a la concentración sin que ello signifique no reconocer y ensalzar su lucha y esfuerzo.
Una cartelería casera, hecha muy a mano, para cualquier otro de escaso coste, sin dispendio y por ello nada profesional, pero realizada con toda la energía que caracteriza a cada uno de los concentrados. Mensajes para, gobierne quien gobierne, que no son otros que la reivindicación justa de derechos, bien para que no sean cercenados, bien para ampliarlos. Derechos de todos y para todos en defensa de sus pensiones y algo más.
En esencia, la de aquí no difiere en nada de las de Barakaldo, Madrid, Toledo, Granada o Bilbao por citar algunas. A todas ellas se les vino en denominar “Los lunes al sol”, en claro guiño a la película dirigida en 2002 por Fernando León de Aranoa, que ambientaba la situación de unos parados -en este caso de Vigo- consecuencia de la reconversión industrial de los astilleros.
Fue a principios de 2018, el 15 de enero para ser exacto, cuando por un mensaje de wasap (todavía, y eso es lo de menos, sin saber el origen) se animaba a los pensionistas españoles a manifestarse ante las puertas de sus respectivos ayuntamientos. A las 12,00 horas. Bilbao, es cierto, tomó la atención informativa más amplia, pero -reitero- eran muchas más las plazas de ayuntamientos tomadas por lo que realmente somos: un importante movimiento social.
¿El motivo de todo aquello? Una infame carta enviada por la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Bañez, en el gobierno de Rajoy, anunciando una ínfima y ridícula subida del 0,25% sobre las pensiones de 8,5 millones de personas, que tuvo continuidad por 4 años. La misma persona que hoy en día, y desde el 2020, ostenta el cargo de presidenta de la Fundación de la CEOE. No me pregunten su sueldo, ni su bonus, ni como lo revaloriza. Tampoco sus años de cotización. Se asombrarían. Así que, no me lo pregunten.
Resulta más que obvio reconocer que tipo de gobierno es el que ha impulsado y abordado aspectos muy importantes de aquellas reivindicaciones: revalorización de pensiones en función del IPC; incremento sustantivo de las pensiones mínimas, etc., en contraposición y con el voto en contra de la derecha y ultraderecha. Y aún así es insuficiente.
A pesar de ello, hay que seguir en la calle para lograr una consolidación y reconocimiento de los derechos, incluso modificando el texto constitucional para que se incluya el “blindaje” de las mismas. Es necesario clarificar y simplificar un método o criterio para uniformar las cuantías mínimas de todas las pensiones: jubilación, viudedad, orfandad, invalidez, a favor de familiares, no contributivas, SOVI.
Hay que salir a la calle y a los medios públicos -este también es válido- para hacer ver a los grupos políticos, a los parlamentarios, a los agentes sociales, que estamos ahí y no solo somos masa para manipular en periodos electorales.
Ahora, todo esto se lo cuentan a Joaquín Leguina, expresidente socialista de la Comunidad de Madrid que, con 83 años, ha admitido formar parte -como consejero- del Tribunal de Cuentas para fiscalizar los presupuestos de la Comunidad que preside Ayuso. Ya me contarán. Serán, dicen, 100.000 euros de sueldo anual. Si la pensión máxima en España no puede sobrepasar los 44.450€, echen ustedes las cuentas.
Hoy es lunes. Ni en la concentración de Marbella, ni en la de los compañeros jubilados madrileños, se unirá el tal Leguina. Pero ¡cuidado, no se descuiden!, con tal de atacar al Gobierno lo mismo aparece la presidenta Ayuso para apropiarse del lema: “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.
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