La realidad se impone. La educación pública, sinónimo y garante de la igualdad de oportunidades y del acceso universal al conocimiento, vive un momento complejo en nuestra ciudad.
Un parque de colegios de infantil y primaria antiguo, que requiere de nuevas infraestructuras, arreglos, mejoras, nuevos espacios que se adapten a la realidad educativa del siglo XXI, a las necesidades especiales y específicas de integración.
Un parque de institutos de secundaria que comparten diagnóstico con sus hermanos pequeños y al que se le suma la masificación, la superación del ratio, la transformación (cuando no eliminación) de espacios comunes para poder sacar aulas de donde no las hay, cursos calientes, sin aula fija asignada que rotan de un espacio a otro.
Un Consejo Escolar Municipal, donde podrían dirimirse, idear, planificar, solucionar o al menos debatir algunas de estas problemáticas acuciantes sin convocar desde hace casi 4 años y donde sus responsables, antes y ahora, parecen no darse por aludidos.
La volatilidad e inestabilidad del personal docente en los colegios que impide desarrollar proyectos duraderos a largo plazo en los centros educativos y que tantas veces están abocados al fracaso desde su inicio, dado que están sujetos más a la voluntariedad que a la solidez que ofrece el tiempo.
Dos colegios en Marbella que aún no tienen comedor escolar, lo que impide garantizar el derecho de Conciliación Laboral y Familiar y la garantía alimentaria, un tercero que tiene el comedor fuera del recinto escolar y que obliga al alumnado a salir del centro, cruzar carreteras, independientemente del parte meteorológico.
Esto no es una cuestión competencial o una diatriba entre administraciones, es dirimir qué futuro queremos para nuestra ciudad. Una enseñanza pública de calidad garantizará ciudadanía más cualificada, más formada, mejor preparada para afrontar el futuro, para mejorar su vida alrededor, para hacer crecer a Marbella con ellos y ellas. Porque esa mejora en las infraestructuras redunda en la calidad de la enseñanza común y en último término, de la sociedad.
Y aquí, las familias también tenemos una responsabilidad, la de ser capaces de empoderarnos para hacer ver a nuestros administradores públicos que es necesario blindar la educación pública, movilizarnos, poner voz a la comunidad educativa y emprender un camino en el que la mejora es la única opción. Es nuestro momento, y no podemos, ni debemos, dejarlo pasar.
Como decía José Antonio Marina “Para educar a un niño o niña, hace falta la tribu entera”.