Educación pública

Hay una voluntad tácita de asfixiar a la educación pública hasta dejarla morir por falta de aire. Es un voluntad política que emana directamente del corpus ideológico del neoconservadurismo. Denigrar lo público hasta hacerlo insostenible y obligar de esta forma indirecta a las familias a derivar sus deseos y creencias en una enseñanza igualitaria para todos y todas a otras vías.  

La enseñanza púbica es una de las más poderosas herramientas con las que la sociedad nos hemos dotado para igualar las oportunidades de las que los derroteros de la vida nos alejan.

Por ejemplo, permitir que las familias más humildes o en condiciones de extrema vulnerabilidad tengan en la educación pública una oportunidad de sobrevivir a su situación a través del conocimiento y la promoción.

O permitir que los vástagos de las familias pudientes midan su iniciativa escolar de tú a tú con el resto de los integrantes de la sociedad, sin duda una oportunidad única de comprobar cómo funciona el mundo más allá de sus fronteras de clase. Y para las clases medias, permitir el acceso a una enseñanza de calidad de manera libre e igual.

La enseñanza pública fomenta, por tanto, el ascensor social gracias a la igualdad de oportunidades y, en parte, gran parte, a la meritocracia académica, que sabemos también está condicionada por las situaciones socioeconómicas de la familia. La escuela pública es para todos y para todas, es de todos y de todas.

Sin embargo, parece que la mercadotecnia neoconservadora se muestra empeñada en hacer que esta herramienta de poderosos efectos sociales se oxide, envilezca y colapse, en favor de otras ofertas educativas como la enseñanza concertada o la privada.

Esto no es una soflama ideológica, sino la constatación de una realidad. Supresión de líneas, desaparición paulatina de los técnicos y técnicas de Audición y Lenguaje (AL), del Personal Técnico de Integración Social (PTIS), de los maestros y maestras de Educación Especial de la especialidad Pedagogía Terapéutica (PTS), del retraso este curso en el inicio de las extraescolares impidiendo a muchas familias la conciliación familiar y laboral, la supresión de la gratuidad en los comedores escolares en algunas comunidades, la cesión de terrenos públicos para centros educativos privados (dos universidades en la provincia de Málaga), la sobrefinanciación de la enseñanza concertada.

Detrás de este panorama existe una voluntad política con objetivos determinados. No es baladí ni es gratuito. Solo hace falta saber a quién beneficia esta estrategia.

Mientras tanto, recordar al gobierno de la Junta de Andalucía el punto 1 del artículo 21 sobre educación del Estatuto de Autonomía: “1. Se garantiza, mediante un sistema educativo público, el derecho constitucional de todos a una educación permanente y de carácter compensatorio”.