Una sociedad moderna, madura, solidaria e igualitaria debería aspirar como irrenunciables a los principios de igualdad de oportunidades, universalidad, acceso gratuito a la enseñanza, redistribución del conocimiento que emanan de la educación pública. Por eso, porque deberían ser principios irrenunciables la educación pública no puede ni debe transformarse un negocio.
Pero llegamos tarde. Las políticas neoliberales causantes de la crisis financiera internacional han transformado la “cosa pública” en un número, servicios sociales esenciales, derechos luchados durante décadas para configurar el estado del bienestar, como la sanidad o la educación, se han transformado en un número. La educación pública no se libra de este tsunami. La educación pública es también un número y las administraciones que deberían velar por ese legado de universalidad y gratuidad, meritocracia e igualdad de oportunidades, realizan recortes encubiertos y externalizan servicios.
Y pese a lo que un grueso de la población lo rechace, esto también es una cuestión política. El proceso de externalización deja en manos del mercado áreas tan delicadas como los comedores escolares, que deben servir para asegurar la conciliación laboral y la garantía alimentaria de las familias más desfavorecidas. ¿Qué implica su externalización? El precio del menú, en el caso de nuestra comunidad, lo fija la Junta de Andalucía en 4,5 euros por usuario y día. De ahí, de ese exiguo pago, las empresas adjudicatarias del servicio deben rentar un beneficio, y para ello solo hay dos caminos: reducir la cantidad del menú o rebajar la calidad del mismo.
No hay otra. Los perjudicados de esta situación, el eslabón más débil, los niños y niñas usuarios de los servicios de comedor. De hecho, ahora mismo, hoy día, todos los colegios nuevos que construye la Junta de Andalucía se edifican sin comedor y sus menús se externalizan con macroempresas a través del servicio de cáterin. Si estamos de acuerdo en que todo es pedagogía y educación… ¿Cómo podemos hablar a nuestros hijos e hijas de alimentación sana si luego sirven en el día a día de sus colegios menús prefabricados y precocinados con hasta tres o cuatro días de antelación?
Este es un caso, un caso que está ocurriendo en Marbella, donde los centros Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre y Rafael Fernández Mayoralas van a dejar de ofrecer el servicio de comedor con cocina propia que se nutría de personal municipal y proveedores locales, para dar paso a un servicio licitado con una empresa externa como primer paso hacia le cáterin. Las familias ya se están movilizando, el viernes pasado lo hacían a la puerta del colegio Juan Ramón Jiménez al grito coreado de… ¡Más cacerolas y menos envasadoras! o ¡Menos interventor y más comedor!
Este es solo un ejemplo, un doloroso daño colateral, pero los recortes más graves en educación están ocurriendo en la volatilidad del personal, en la falta de convocatoria de plazas, en la ausencia de refuerzos para el alumnado con necesidades educativas especiales. Todo es cuestión de voluntad y de prioridad política, la decisión de aumentar el presupuesto destinado a la educación pública.
Yo el viernes pasado estuve en la calle luchando por la educación pública de calidad para mi hija Daniela junto con un centenar de familias. Mañana habrá más, porque es nuestro derecho, porque es nuestra voluntad, porque estamos hablando del acceso universal al conocimiento y a la igualdad de oportunidades, porque eso nos define como familias, como padres, como madres, como sociedad y hay ciertos principios que deberían ser irrenunciables.
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