Cuando la protección de los colectivos más vulnerables no está en la agenda de la transformación política pasa lo que pasa. Y si un mínimo de rigor ético rigiera la orden de actuación de algunos políticos la dimisión sería una salida digna, desde lo moral y desde lo social.
El Ayuntamiento de Marbella ha dejado perder el convenio firmado con el Colegio de Abogados por no pagar la cantidad de 25.000 euros. Un convenio que, en teoría, se utilizaba como herramienta para evitar los desahucios y que en la práctica ha servido de bien poco, de nada, desde su firma en noviembre de 2017.
Este instrumento pretendía sustituir la atención especializada que se servía desde la Delegación de Derechos Sociales a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y que en su momento impulsó Izquierda Unida. Esto es, atención especializada, seguimiento y acompañamiento. Profesionalidad y humanidad para un recurso que tenía como objetivo evitar que familias se quedaran sin un techo bajo el que vivir por no poder pagar sus hipotecas o alquileres. Familias, sacrosanta palabra dependiendo de en qué idioma ideológico se pronuncie.
En tres meses, entre octubre y diciembre de 2016 la Oficina de Intermediación Hipotecaria asistió a 80 familias, consiguió 3 daciones en pago y 5 aplazamientos de deuda.
No, todos los políticos no son iguales y no, todas las políticas no son iguales, porque hay unas que tienen como objetivo la transformación de la realidad que les rodea, el equilibrio entre las desigualdades, la protección de los colectivos más vulnerables, la conservación del medio ambiente, la ruptura de los procesos de pobreza estructural, el cambio de los ciclos económicos marcados por la especulación, la solidaridad entre ciudadanía y administración, la transparencia de las cuentas públicas, la participación, la emancipación y el empoderamiento de la sociedad como principios básicos, estructura troncal de sus acciones institucionales.
Cuando la protección de los colectivos más vulnerables no está en la agenda de los partidos políticos, más aún, cuando no forma parte de su ADN y todas las actuaciones al respecto son gestos y no convicciones, caridad y no transformación social, pasa lo que pasa.
Que la delegación de Derechos Sociales gestionada por el PP optara por un Convenio con el Colegio de Abogados para gestionar los problemas derivados de los desahucios y los impagos de hipotecas y alquileres en lugar de una solución especializada e integral es una opción política. Dejar perder dicho convenio por no pagarlo es otra cosa, es una negligencia institucional que debería tener consecuencias, al menos desde la ética y de la moral.
No las ha tenido.
Ni las tendrá.
Afortunadamente, el mantra repetido hasta la saciedad por una sociedad ahíta, descreída y agotada, no es cierto. No, todos los políticos no son iguales.