Matar al mensajero

“Matar al mensajero es una frase metafórica que se refiere al acto de culpar a una persona que trae malas noticias en vez del autor de las mismas”… Y en sí misma reside el objetivo de silenciar aquellas informaciones que el destinatario no quiere que se conozcan o hagan públicas, así, es un intento de censurar los contenidos que no le son propicios, que le disgustan, denuncian o afean su conducta. 

Tanto peor es matar la mensajero como jactarse de ello o hacerlo público, en una amenaza a todas luces torpe y poco velada con la que algunos poderes fácticos, administrativos o institucionales pretenden hacer callar, en este caso, a determinados medios de comunicación.

El ejercicio del periodismo tiene entre sus nobles aspiraciones servir de control democrático al poder, de contrapeso, llegar a los rincones oscuros, poner luz sobre ellos, fortalecer el conocimiento de la sociedad acerca de determinados hechos, para que la ciudadanía, desde la transparencia y debidamente informada, pueda tomar sus decisiones libremente. Cualquier intento de acabar con esta premisa básica acaba en censura.

Este libre ejercicio del periodismo, la libertad de expresión, está recogido en la Constitución Española como uno de sus puntos básicos, concretamente en el Artículo 20, que reza “1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. (…) d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”. Es un derecho que protege al periodista, por su puesto, pero fundamentalmente a la ciudadanía.

Los vecinos y vecinas de Marbella no deberíamos consentir que se nos hurte una parte crucial de la información que atañe al municipio, que se intente silenciar a las voces discordantes con el discurso oficialista. Considero, como profesional y como ciudadano, que estrangular económicamente de forma voluntaria y deliberada a un medio de comunicación es un atentado contra la democracia en sí misma y que, además, jactarse de ello lo transforma en un ejercicio de estulticia que descalifica de manera inmediata a las personas o cargos que así se pronuncian.

La catadura democrática de las personas que ostentan el poder se revela de manera clarificadora en casos como este, matar al mensajero para que la verdad, la opinión, la libertad de prensa no prevalezca frente al poder que se vale de estos resortes para esconderse en los rincones más oscuros y no comparecer ante la ciudadanía.