Vocación de servicio público. En ocasiones la administración parece jugar a la contra de la ciudadanía, olvidando que la última razón de su ser, la razón de su existir, que diría una copla antigua, es el servicio público. La administración sirve a la ciudadanía y no al revés y el objeto de toda acción pública debería ser en último término, siempre, el servicio a sus vecinos y vecinas.
Para que este axioma sea una realidad es necesaria, primero, la voluntad de que así sea, despejar de intereses la gobernanza, crear cauces de participación y una vez creados, fortalecerlos, fomentar la pedagogía en el empleado público, hacer de la escucha activa la forma habitual de atención a la ciudadanía y dotar de presupuesto a esta voluntad, que la transparencia presida todas y cada una de las acciones políticas de los equipos de gobierno para facilitar la fiscalización por parte de los vecinos y vecinas.
Y esta vocación de servicio público se extiende a todas las ramas de la administración. A todas.
La política neoliberal y neoconservadora ha dinamitado esta obligación de la administración y ha dejado en manos de privatizaciones y externalizaciones los servicios que deberían ofrecerse desde lo público, alegando mayor eficacia, mayor agilidad, mayor flexibilidad. Pero la realidad, tozuda, se impone, y aunque los contratos y las concesiones y los pliegos de condiciones a las empresas adjudicatarias dejan negro sobre blanco deberes y obligaciones de las mismas, lo cierto es que hay una clara falta de voluntad de fiscalización por parte de la misma.
Por omisión o por dejadez, las empresas adjudicatarias acaban, en muchas ocasiones, haciendo de su capa un sayo y no compareciendo cuando deben hacerlo o cuando la urgencia impera, dejando a un lado la voluntad de servicio público que debe imperar en la acción de la administración pública.
El temporal de la semana pasada lo ha dejado claro en Marbella. La empresa que tiene la concesión para la limpieza de las playas, FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) ha dejado que el paisaje de las playas durante el fin de semana del puente fuera un erial de arenales descarnados, palos, cañas y residuos de todo origen.
¿Para qué paga el ayuntamiento de Marbella 3,2 millones de euros a FCC? ¿Por qué no se ha hecho cumplir el pliego de condiciones? ¿Por qué ante la denuncia pública que de este hecho formuló Izquierda Unida, el concejal del ramo, Manuel Cardeña, optó por atacar a la formación en lugar de exigir responsabilidades a la empresa? Fueron los trabajadores municipales los que tuvieron que sacar adelante los desastres provocados por el temporal.
El servicio público exige voluntad, voluntad y vocación. Y eso se tiene, o no se tiene, en eso se cree o no se cree, se aplica o no se aplica, aunque los interese creados en torno a las privatizaciones y externalizaciones sean un fantasma permanente al que doblegar.