Vivienda

“Marbella lidera la subida del precio de la vivienda en España con casi un 20 % de alza”, detrás de este titular, escuchado en una radio nacional hace apenas 10 días, se halla un fracaso social de enorme envergadura, un drama que sitúa a numerosas familias frente a una situación insostenible, y que para los más jóvenes supone un portazo a su futuro independiente. 

El acceso a la vivienda en estos términos deja de ser inmediatamente un derecho recogido en la Constitución Española para transformarse en un privilegio al alcance de unos pocos.

Concretamente el artículo referido, el 47, reza lo siguiente “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Vivienda digna y adecuada. Poderes públicos y promoción. Impedir especulación.

Estas son las tres ideas centrales del artículo 47 de la Constitución Española. Y ante los precios registrados en nuestra ciudad, que han alcanzado los 4.121 euros/m2, es necesario exigir a la administración que cumpla y haga cumplir la Constitución. Desde la más cercana, el ayuntamiento, con la promoción de viviendas públicas asequibles y con una oferta que se ajuste a la realidad y no al maquillaje preelectoral, hasta las supramunicipales, con leyes posibilistas, incentivos, ayudas y subvenciones.

El acceso a una vivienda digna es sinónimo de futuro, de fortalecimiento social, de empoderamiento ciudadano, de planes de vida, de arraigo, de economía sostenible, de lucha contra la especulación y contra la gentrificación (¿cuántas familias quedan viviendo en el Casco Antiguo de Marbella más allá de la calle Lobatas o la calle Aduar?). Todo lo demás es depredación y especulación. Y esta ciudad sabe demasiado de esto.