¿Así se quiere generar empleo y mejorar esto?

Como mi nuevo decano claramente afirma, la nueva norma, que entrará en vigor en pocos días, “atenta de una manera directa contra el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva y va a impedir que los ciudadanos puedan acceder a la administración de Justicia para resolver sus conflictos”. Pero mi análisis pretende ir a más allá, lo cual no quita que el examen de la cuestión en relación con el derecho a una justicia accesible sea imprescindible. Quiero incidir en las consecuencias a nivel laboral que va a tener la ostensible disminución del número de demandas que se interpongan a partir de ahora, con el gravamen que impone la Ley de tasas judiciales.

 

Menos pleitos, menos dinero para los abogados, podrán pensar algunos (posiblemente los mismos que creen que los letrados estamos forrados y que no podemos quejarnos de lo bien que nos va siempre…). La previsible (ojalá que finalmente no ocurra) disminución de demandas de cualquier tipo que sea, supondrá lógicamente menos ingresos para los letrados, lo cual al mismo tiempo y de forma inevitable, supondrá que muchos despachos tengan que reducir personal, y no sólo entre los profesionales del derecho, sino entre el personal administrativo por ejemplo; o los mismos Procuradores de los Tribunales, que dependen exclusivamente en su trabajo de aquel que le proveen los abogados (hablando, siempre, al margen del Turno de Oficio), miembros de la procura que a su vez, disponen de personal auxiliar habilitado, personal administrativo, etc. Menos ingresos para los abogados, reducción de gasto, por ejemplo, en material de oficina, inversiones en ordenadores, bases de datos; menos ingresos para los letrados, menos consumo de todo tipo (dispendios profesionales, como trajes nuevos, por ejemplo, o gastos para el ocio…)

 

Y ante esto me pregunto: ¿así se quiere generar empleo? Porque si la fórmula es pretender ingresar fondos en tasas judiciales, y aquellos serán unas cantidades ínfimas en comparación con las cantidades que el Estado deberá destinar a prestaciones de desempleo, mal vamos. ¿Así es como pretenden arreglar esto? Si la receta es obligando a eliminar personal en empresas, cuanto menos, o bien que tengan que cerrar, peor vamos. ¿Se dinamiza la economía quitando, vetando e imposibilitando a los ciudadanos reclamar deudas, indemnizaciones, herencias, rentas debidas en arrendamientos? Lo peor de todo es que todo esto supone que muchos, a sabiendas que la reclamación judicial es costosa y hará que muchos no reclamen, dejarán de cumplir sus obligaciones (“si no me van a demandar…” dirán). Se incrementará la morosidad entre particulares, etc.