Con muchos calificativos se puede definir lo vivido el pasado miércoles 28 de diciembre en la capital. La abogacía malagueña ha sido la primera en dar el paso de manifestar públicamente su oposición y desacuerdo a la recién publicada Ley de tasas judiciales. En un anterior comentario de esta Trastienda ya hice saber el desatino de la norma, que ya no sólo convierte la justicia en una traba más a la situación actual, es que pone en juego el futuro de miles de personas que, de una u otra forma, se dedican al ejercicio del Derecho.
Asistí a la manifestación, que discurrió -como no podía ser menos- de forma silenciosa, respetuosa y educada, pero con paso firme. Cada uno y cada colectivo que en los últimos meses ha exteriorizado sus protestas, lo ha hecho como cree conveniente, eligiendo unos colores identificativos incluso (ahí quedan el blanco de los sanitarios, el verde de los profesores, o el negro de los letrados), y al margen de los bailecitos que algún colectivo ha llevado a cabo (no creo que esté la cosa para gracias...), los abogados malagueños, en un número que sobrepasaba el millar, nos manifestamos por las calles de la capital para pedir la suspensión (revocación, en términos jurídicos) de una norma que no tiene razón de ser sino es la puramente recaudatoria.
Mucha gente, aunque no parezca por su número, pero viendo lo difícil que es en este país poner de acuerdo a colectivos, teniendo en cuenta que era media mañana a mitad de semana, y hubo que desplazarse a la capital Málaga, la concentración letrada se puede considerar un éxito. Ahora bien, personalmente eché de menos a muchos compañeros a los que conozco desde hace años de ejercicio profesional, con los que compartes asuntos (cada uno en su posición y defendiendo los intereses de los clientes), con los que coincides en notarías para diversas operaciones en las que se requiere la fe pública notarial, y con los que mantienes horas de espera en pasillos de juzgados haciendo tiempo para vistas, audiencias previas y resto de actos que se producen en sede judicial.
En Marbella somos casi un millar de colegiados, además de ejercer su profesión en la ciudad muchos más con carnet profesional en otras provincias; pero es que en los despachos no sólo trabajan letrados, sino que la labor, siempre imprescindible, del personal administrativo, forma parte indisoluble del día a día… y por tanto del futuro más inmediato de la profesión. Un futuro que se puede ver algo más oscuro por la publicación de la Ley de Tasas. Y con ello, los Procuradores. Algunos profesionales de la Procura asistieron a la concentración pero es triste que, desde su Colegio profesional malagueño, no coordinaran la actuación con el Colegio de Abogados. Cierto es que la presencia de los procuradores en los actos procesales es igualmente necesaria (como la letrada), pero tengo constancia que algún que otro juez decano permitió la inasistencia a las vistas de los mismos en las vistas en ese día. Deberían haber estado allí.
Y eché en falta a muchos. Y sé que muchos estarán disculpados por imposibilidad material de asistencia, otros por motivos personales importantes. Y también pienso que, por muchos inconvenientes de diverso tipo que existieran (señalamientos, firmas en notaría, declaraciones…) eso no puede evitar que algo menos de cuatro de los cinco mil letrados malagueños no estuviéramos en el centro de Málaga el pasado miércoles 28. Y eché igualmente a muchos “teóricos” profesionales del derecho que actualmente viven de la gestión pública pero que, en algún momento, deberán volver a sus despachos, a la atención de los asuntos de aquellos que eran clientes, a llevar a cabo de nuevo el ejercicio del Derecho. Es decir, políticos que ejercían la abogacía, o que al menos se presentaron en listas como abogados, pero que parecen no ver lo nefasto de esta nueva ley recaudatoria que grava a los ciudadanos la posibilidad de reivindicar sus derechos. ¿No creen sinceramente que esta ley juega con nuestro futuro? ¿O es que
nuestro futuro ya no es
su futuro porque piensan seguir en sillones públicos el resto de sus vidas?
Sin irme más lejos que de nuestra Marbella, en la bancada del edificio consistorial de la Plaza de los Naranjos existe un importante número de concejales con la titulación en Derecho, con número de colegiado (ejerciente o no ejerciente) y que pienso, deberían haberse mojado, y haber comparecido en la pública, a la vez que silenciosa, respetuosa y educada manifestación en contra de la decisión del Ministerio de Ruiz Gallardón (que parece haber olvidado su condición de fiscal -obtuvo el segundo puesto en las oposiciones al Ministerio Público en 1982, XXVIII Promoción de fiscales-, y sirvió incluso como tal durante un breve período en la Audiencia Provincial de Málaga). Actuar en consecuencia contra una ley que ha aprobado el gobierno, pero bajo la libertad de expresión y manifestación, podrían haber apoyado a (otrora) compañeros, pero que deberían volver a serlo cuando los políticos dejen (se supone) la función pública…
Precisamente, en un artículo publicado por un histórico dirigente popular, critica en cierta medida la nueva norma, aunque comenta que los letrados deberíamos habernos manifestado durante la tramitación parlamentaria para haber intentado modificaciones en ese periodo y no ahora que está aprobada la ley. Con todos los respetos, eso es una absurdez puesto que todos sabemos la actitud, en cierto modo, algo déspota, del ministro cuando ha afirmado que no piensa cambiar la ley, y máxime cuando existen mecanismos para la revocación, modificación o suspensión de normas.
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