Como ya avanzamos el pasado lunes, la instrucción del llamado caso de los cargos de confianza del PP sigue su curso en el juzgado de Gonzalo Dívar, que también investiga el caso PGOU.
El magistrado había solicitado al Ayuntamiento que le informara sobre el "perjuicio patrimonial" que habrían ocasionado estos doce trabajadores de alta dirección contratados durante la etapa de Ángeles Muñoz como alcaldesa.
Dívar pedía que se le facilitara el sueldo que cobraron estas personas y el que realmente tendrían que haber percibido por el trabajo que hacían. La primera cantidad, obviamente, es más alta que la segunda, y ahí está el daño a las arcas públicas.
De esta forma, el juez profundiza en uno de los dos delitos que ha apreciado, el de malversación de caudales públicos.
El otro, prevaricación, podría estar mucho más claro en base a las sentencias de los Juzgados de lo Social que consiguieron ocho de esos trabajadores para quedarse de por vida en el Ayuntamiento. Ahí se acredita que no pasaron por ningún proceso de selección y, por tanto, habrían sido enchufados.
Pues bien, el informe sobre el daño patrimonial, según ha podido conocer
Marbella24horas, está ya camino del juzgado y en él se calcula en más de 300.000 euros el perjuicio ocasionado al dinero de todos los ciudadanos.
Llama la atención que la mayor parte de esa cantidad, algo más de 220.000 euros, lo suman solo seis de los cargos de alta dirección. Uno de ellos, incluso, habría causado un daño a las arcas públicas de casi 84.000 euros.
El informe remitido al juzgado consta de más de un centenar de páginas, según las fuentes consultadas, y en él se comparan los sueldos que tenían los cargos de alta dirección y los que realmente deberían haber percibido por el trabajo que hacían.
Un ejemplo
Por citar un ejemplo, para aclarar más el tipo de informe que se ha elaborado, recordamos el caso del que ya informó
este digital en febrero sobre unas de estas personas que fue contratada con la categoría de ingeniero pese a que la titulación que aportó fue la de Graduado Escolar.
Este cargo de confianza fue nombrado director de viaria y baldeo, percibiendo una retribución anual, según los datos enviados al juez, de más de 47.000 euros.
En cambio, el trabajo real que hacía, según se demostró en el Juzgado de lo Social, era el de un capataz, por lo que debería haber cobrado 40.195 euros al año.
Por tanto, en este caso concreto, se establece un posible daño patrimonial de 6.928 euros al año. Dado que estuvo cinco años y medio en el cargo, el total de perjuicio a las arcas públicas sería de casi 40.000 euros.
De esta misma forma se ha ido calculando el resto de casos, hasta concluir el informe con más de 300.000 euros de posible daño patrimonial al Ayuntamiento, incluyendo las indemnizaciones que percibieron algunos de ellos.
Estos datos se incorporan a las diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, cuyo titular es Gonzalo Dívar.
Inicialmente, el magistrado apreció indicios de que se habrían cometido dos delitos: prevaricación y malversación de caudales públicos, aunque por el momento no ha acusado a nadie.
El equipo de gobierno sí puso la diana directamente sobre la que era alcaldesa, Ángeles Muñoz, como la persona que firmó los contratos de alta dirección, ya que estaba al frente de las sociedades municipales o los Órganos Autónomos Locales (Oales), que es donde se realizaron.
El caso estalló en 2015
Todo este asunto estalló nada más producirse el cambio de gobierno en el Consistorio, allá por el
mes de julio de 2015. Este personal de alta dirección finalizó sus contratos pero acudió a los tribunales para intentar quedarse de por vida en la institución.
El tripartito ya anunció que iba a pedir responsabilidades y, una vez concluidos los procesos en los juzgados de lo Social, hubo ocho readmisiones como personal laboral indefinido, dos llegaron a acuerdos y los otros dos recibieron indemnización.
El pasado
mes de enero, el equipo de gobierno anunció que había elaborado un completo informe que iba a poner en manos de la Fiscalía.
Y es que, durante los distintos juicios en materia laboral, se descubrieron aspectos que pueden hacer pensar que estaríamos ante casos de enchufismo ya que estas personas habrían sido contratadas en el Ayuntamiento sin el necesario proceso de selección.
En el informe municipal se hablaba de hasta
cuatro posibles delitos: prevaricación, malversación, administración desleal y negociaciones prohibidas a los funcionarios público, como avanzó
Marbella24horas.
Tras la denuncia de la Fiscalía, el juez ha apreciado solo dos, aunque los más importantes,
prevaricación y malversación de caudales públicos.
Se da la circunstancia de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella investiga de forma paralela el llamado caso PGOU, en el que está implicada la actual senadora Ángeles Muñoz.
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