El segundo intento por parte de la alcaldesa de Marbella,
Ángeles Muñoz, para adquirir al completo el edificio en que se encuentra la Delegación de Urbanismo ha encallado.
Una discrepancia inesperada con la empresa propietaria,
Nuevos Aires 2002 S.L., ha frenado una operación que se esperaba concluir con un acuerdo rápido entre las partes.
El problema que ha surgido radica en quién debe afrontar
el pago de impuestos, principalmente el IVA, de la expropiación.
El pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento ofreció un justiprecio de
5,1 millones de euros para pagar en cinco anualidades.
La propietaria acepta la cantidad, pero siempre que el pago de los impuestos corra también por cuenta de la institución municipal. Con IVA se elevaría a
6,1 millones de euros.
El equipo de gobierno, respaldado por los habilitados, considera que esa cantidad es final y que de los gravámenes debe ocuparse la mercantil.
Ese es el tira y afloja que existe actualmente y por el que Nuevo Aires 2002 S.L.
no acepta la operación. Supone un millón de euros arriba o bajo para las arcas municipales.
En caso de que no se resuelva este conflicto, los trámites continuarían como están establecidos, sin el beneplácito de las partes, hasta la resolución final en los juzgados.
El portavoz del equipo de gobierno,
Félix Romero, ha explicado esta mañana en qué punto se encuentra este expediente.
"Hay
una duda con respecto a los impuestos que pueda generar esa expropiación y, una vez se aclare, se finalizará", ha dicho a preguntas de los medios.
Considera que existe acuerdo sobre el justiprecio, pero "no sobre si hay que pagar impuestos o no, si tiene una repercusión tributaria el pago de esa cantidad".
Romero ha reconocido que este asunto "queríamos tenerlo liquidado
el año pasado, pero creo que puede tener una solución rápida".
En caso de que no se resuelva la discrepancia, también ha dejado claro que "seguirá la tramitación de la expropiación", aunque por un periodo más largo.
"Es un proceso que lleva una serie de requisitos que se pueden
evitar con un acuerdo entre las dos partes", ha dicho, por lo que siguen intentando alcanzar ese pacto, que por ahora no es posible.
El inmueble está vinculado en su origen a
Juan Hoffmann, condenado en el caso Malaya y prófugo de la justicia, y al alcalde de Estepona,
José María García Urbano.
Actualmente, al frente de la sociedad propietaria está una hija del constructor
Bonifacio Solís, habitual en la contratación de obra con el Ayuntamiento de Marbella.
Segundo intento
Es la segunda vez que
Ángeles Muñoz intenta hacerse con una parte de este inmueble y que será la definitiva.
La primera, conocida a
finales de 2018, con el apoyo de OSP, pero acabó dando
marcha atrás por la cercanía de las elecciones municipales y el escándalo que se originó.
Es un edificio fácilmente reconocible, situado en la
calle Alonso de Bazán, esquina con Notario Luis Oliver, en el centro de Marbella, y que actualmente alberga las dependencias de la Delegación de Urbanismo.
Estas oficinas ocupan
tres plantas, que fueron entregadas al Ayuntamiento en función de las normalizaciones urbanísticas que estipulaba el anulado Plan General de Ordenación Urbana de 2010, ya que el inmueble se construyó de forma ilegal.
El resto pertenece a la empresa Nuevos Aires 2002 S.L.
En 2018, se pretendía
pagar 2,8 millones de euros por el resto del inmueble, mientras que ahora la cantidad ha subido hasta los 5,1 millones.
El Ayuntamiento ni siquiera se hará con todo el edificio ya que ha acordado, renunciar por estar sujetos a un contrato de arrendamiento, al local comercial número 1 y a doce plazas de aparcamiento.