Una vez más, una causa penal que afecta a la regidora se cierra en este juzgado de Marbella, por lo que tampoco origina ya demasiada sorpresa, porque ya van cuatro.
En un auto de 17 páginas, con fecha de 29 de enero, al que también ha tenido acceso
Marbella24horas, el juez Dívar da carpetazo rápido al caso Opium.
Se investigaban los presuntos delitos de
prevaricación, contra el medio ambiente y lesiones, por los que habían sido
querellados los propietarios de la discoteca, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y el concejal de Industria, Félix Romero.
El magistrado concluye de forma categórica la "inexistencia de indicio alguno", por lo que procede al archivo de esta causa sobre la discoteca que patrocinó el coche de carreras del hijo de la regidora,
Christian Broberg Muñoz.
La causa se cierra tras tomar declaración al propietario, a
Félix Romero y a cuatro técnicos municipales, pero sin llamar a la regidora, ni practicar otras testificales solicitadas por la acusación.
La querella fue presentada en octubre de 2021 y se abrieron diligencias previas el 8 de noviembre, aunque no se acordó su admisión a trámite hasta el
9 de febrero de 2023.
En la decisión de poner fin a la instrucción que ahora, un año después, ha tomado el juez, llaman la atención distintos aspectos.
En primer lugar, que acuerda el
sobreseimiento libre, y no provisional, por lo que zanja de forma definitiva el procedimiento, que queda como juzgado, aunque puede ser recurrrido ante la Audiencia Provincial.
Además, Dívar no tiene problema en
exculpar, de forma táctica, sin nombrarla, a Ángeles Muñoz, al afirmar que "alguno de los querellados ni siquiera tuvo la más mínima intervención".
También resulta muy llamativa la postura de
la Fiscalía, que no se ha pronunciado y ni siquiera estuvo presente en las declaraciones de los querellados.
Prevaricación
La querella ponía en duda
la licencia otorgada a Opium el 24 de mayo de 2021 para "actividad de música pregrabada al aire libre" en cuanto el periodo, de mayo a octubre, y a los horarios.
Dívar establece que "no cabe duda que en la concesión de las autorizaciones (...) no existe el más mínimo atisbo del delito de prevaricación".
Pasividad del Ayuntamiento
También se cuestionaba
la falta de actuación por parte del Ayuntamiento, asunto que también Dívar zanja en defensa de la institución que preside Ángeles Muñoz.
El juez considera que se actuó incoando expedientes y con sanciones económicas, así como con la suspensión temporal de la actividad.
Lo cierto es que las medidas contundentes llegaron en 2022, una vez que la querella ya estaba en los tribunales.
Dívar concluye que "no puede apreciarse la existencia de delito alguno de prevaricación, por cuanto no existe resolución alguna injusta que no sea adecuada a derecho, habiéndose dictado con la competencia legalmente exigida".
Delito contra el medio ambiente
Respecto al delito contra el medio ambiente, también el juez lo tiene claro y considera que el
ruido de la discoteca no era molesto para los vecinos.
"No ha quedado mínimamente acreditado, ni siquiera indiciariamente, la existencia de dicho delito", concluye en este apartado.
Llega hasta a decir en el auto que la casa del querellante está lejos de Opium y que los informes aportados no recogen mediciones prohibidas.
"Tras las mediciones de ruido realizadas no se ha podido constatar que a la vivienda del querellante llegara dicha contaminación acústica denunciada y que cuando se ha constatado algún incumplimiento grave (...) se procedió a revocar las licencias", señala.
El primer informe desfavorable se hizo con mediciones realizadas en el citado domicilio el 31 de agosto de 2022 y con él se acordó
revocar la licencia de apertura provisional en noviembre de 2022.
El juez también recuerda que, previamente, el 29 de julio de 2022 se revocó la
autorización de música pregrabada al aire libre.
Delito de lesiones
En la misma línea, Dívar considera que las molestias acústicas no han producido
ningún problema de salud en los vecinos, en este caso en el querellante.
Dado que "no ha quedado acreditada, ni siquiera indiciariamente, (...) la existencia de dicha contaminación acústica", no se han podido producir lesiones en las personas, considera.
Otras causas archivadas por Dívar
El
CASO DESLINDE surgió a raíz de que en el pleno del 18 de diciembre de 2008, se aprobó el inicio del expediente de deslinde entre los municipios de Marbella y Benahavís.
Ese día la alcaldesa, Ángeles Muñoz, se abstuvo por ser parte interesada en el expediente al tener su mansión en los terrenos que se iban a cambiar de municipio.
En enero de 2009, el grupo socialista planteó una denuncia ante la Fiscalía contra la regidora por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociación prohibida a autoridades.
El caso cayó en manos del juez Gonzalo Dívar, que lo archivó en junio de 2010.
El
CASO PGOU fue denunciado ante la Fiscalía por un movimiento ciudadano el 31 de agosto de 2015 ante la falsificación del 30% de los planos del PGOU de 2010.
Gonzalo Dívar lo archivó hasta en dos ocasiones, ambas con la opinión contra del Ministerio Público.
La Audiencia Provincial ordenó reabrirlo y que se enviara, al estar aforada Ángeles Muñoz, al Tribunal Supremo, donde fue finalmente
archivado en tiempo récord.
El
CASO DE LOS CARGOS DE ALTA DIRECCIÓN fue denunciado por el equipo de gobierno tripartito (PSOE-OSP-IU) y se abrieron diligencias en abril de 2017.
La Fiscalía señaló directamente a Ángeles Muñoz y solicitó que la causa se enviase al Tribunal Supremo, pero Dívar la archivó en
enero de 2021.
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