El Ayuntamiento de Marbella, a través de su portavoz, Félix Romero, ha anunciado esta mañana la solicitud de embargo de 150 propiedades de cuatro hijos del ex alcalde Jesús Gil y Gil, en su condición de herederos, para hacer frente, si llega el caso, a la sentencia por alcance contable dictada en abril de 2011, ahora en fase de apelación, y para la que ya está concedida la retención preventiva de 41 bienes de Pedro Román, según se informó recientemente.
En este procedimiento están condenados de forma solidaria tanto Román como otros ex concejales, entre ellos el que después fuera alcalde, Julián Muñoz, y también cuatro hijos de Jesús Gil, que deben hacer frente entre todos a la devolución a las arcas municipales de 108 millones de euros, entre principal e intereses.
Hace unos días, el Ayuntamiento anunciaba que se había concedido el embargo preventivo sobre 41 bienes del ex teniente de alcalde, Pedro Román, y esta mañana se ha informado de un nuevo paso en la recuperación del patrimonio público, de momento con la solicitud de retención de hasta 150 propiedades de Jesús, Miguel Ángel, Fernando Óscar y María Ángeles Gil Marín, hijos y herederos del fallecido alcalde.
Los servicios jurídicos municipales reclaman al Tribunal de Cuentas el embargo de 43 locales comerciales, 6 viviendas, 5 parcelas y 96 plazas de garaje, pertenecientes a cinco sociedades: Club Financiero Inmobiliario, Miramco, Vegangeles, Promotora Alcazaba y Promotora Alhambra. Las propiedades están situadas en diferentes lugares como Marbella, Madrid o Torremolinos.
Si se concede esta petición, unida a la ya firme contra Pedro Román, "se garantizaría gran parte de los 100 millones que tienen que devolver", señaló Félix Romero.
La sentencia de alcance contable a la que se refieren estos embargos se dictó en abril de 2011 como consecuencia de transferencias que no fueron justificadas desde el Ayuntamiento a distintas sociedades municipales en el periodo entre 1994 y 1999. Todo ese dinero se tiene que devolver ahora. La cantidad que fija la sentencia es de 66,5 millones de euros, a los que hay que añadir 41,8 de intereses, por lo que el total supera los 108 millones de euros.
Félix Romero ha destacado también que antes se realizaban embargos "sobre sociedades y eso suponía que los bienes podían desaparecer" pero ahora, el Ayuntamiento, "con la comprensión de los tribunales, solicita el embargo directo de bienes de tal forma que no puedan desaparecer del patrimonio de las empresas".
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