José Máximo Galiano, el joven empresario local que se ha embarcado en esta aventura, no ha querido hacer declaraciones a este digital, remitiéndose a un mejor momento en el futuro, aunque sí ha confirmado que va a poner en marcha el bar en tres semanas y que ya tiene la licencia de apertura.
De momento, con motivo de la finalización de las obras, en las que se ha cambiado el tejado y se ha acondicionado el interior del local, ha abierto este domingo las puertas para invitar a amigos, gente que le apoyan en toda esta polémica y ciudadanos en general, según ha señalado. Decenas de personas han pasado por el bar a partir a la hora de la comida.
El pasado martes 29 de enero, la Junta de Gobierno Local daba el visto bueno, tras el periodo de alegaciones, a la expropiación urgente del edificio, vestigio de la arquitectura relacionada con la actividad marinera en el municipio. El motivo de esta decisión es facilitar el proyecto de reforma de las calles aledañas, con la peatonalización de Acera de la Marina y el desdoblamiento en doble sentido de José Vera.
El dueño sostiene que le han dado todos los permisos para hacer las obras de reforma en el edificio y que nunca le dijeron que se iba a expropiar. Desde el Consitorio, sin embargo, mantienen lo contrario y, tanto la alcaldesa como el concejal Pablo Moro, han declarado que sí se le informó de los planes urbanísticos.
Moro señaló el pasado 5 de febrero que con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de los 54 metros cuadrados que tiene el local "solo 8 están calificados como uso comercial y 46 son de viario público". El edil insistió en que el propietario del inmueble era conocedor de esta situación ya que lo adquirió en 2011, con el Plan ya aprobado.
Asimismo, en marzo de 2012, en la primera solicitud de licencia de obra que realizó "presentó una ficha ficha catastral en la que se apreciaba que ese local está en su gran mayoría en la vía pública", resaltó Moro, quien añadió que "en respuesta a esa solicitud se le contestó en mayo negándole la licencia de obra y diciéndole de una manera muy clara que la edificación para la que se solicitan las obras se encuentra en situación de fuera de ordenación integral por incompatibilidad total por ubicarse en red viaria pública en su mayor parte y por tanto no pueden realizarse las obras de consolidación que se pretende".
Según el responsable de Urbanismo, en más de una ocasión se le han denegado las licencias de obras en el edificio. "En este punto, en mayo de 2012, en la segunda pretensión se le está avisando que no puede acometer obras por estar en un viario público, ni de aumento de volumen, ni de modernización, ni nada ya que puede ser necesaria su utilización por interés público".
Moro ha proseguido su explicación asegurando que el propietario volvió a presentar otro proyecto solicitando la reparación de la cubierta. "Los técnicos determinaron que está dentro de las actuaciones que se pueden hacer en ese local en esas condiciones, y ante la pretensión de un particular de un derecho se le debe otorgar". En la concesión de esta licencia, donde presenta un presupuesto de 26.000 euros, Urbanismo "le dio el permiso para reparar la cubierta el 8 de noviembre y se le volvió a dejar muy claro que la calificación urbanística es de 8 metros como suelo comercial".
El 27 de noviembre es cuando se aprueba en la Junta de Gobierno Local el inicio del expediente de expropiación. En ese punto "es cuando se detecta que puede haber un problema porque este señor tiene concedida una licencia", apuntó Moro, quien ha advertido que "él se resiste a recibir las notificaciones y las recibe de manera oficial el 21 de diciembre tras varios intentos".
Según Moro, el propietario "inició las obras a principios de diciembre y habiéndole notificado oficialmente el 21 de diciembre, él continuó con las obras hasta este mismo momento". "Antes de comprar el local el titular sabía su calificación, se le han denegado muchas licencias y era conocedor de las obras que podía cometer y el riesgo que asumía", ha señalado el edil. Moro también ha recalcado que "cuando se le notificó el expediente de expropiación continuó con las obras incomprensiblemente".
Los concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Marbella, Enrique Monterroso y Miguel Díaz, han propuesto que se modifique el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para incluir este antiguo almacén pesquero en el Catálogo General de Patrimonio Urbano y Arqueológico de la ciudad. También han reclamado que sea declarado Bien de Interés Cultural.
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