El fiscal, Julio Martínez Carazo, es un buen conocedor de este asunto ya que lo investigó durante un año a instancias de la denuncia del movimiento antideslinde y terminó formulando una denuncia por falsedad documental contra el alcaldesa, Ángeles Muñoz, que es aforada, y el vicesecretario.
El caso acabó en el Juzgado de Instrucción número 3, cuyo titular es Gonzalo Dívar, donde se practicaron distintas diligencias. Tras ellas, tanto el Ministerio Público como el grupo socialista, que actúa como acusación popular, pidieron más pruebas y se opusieron al archivo.
Sin embargo, el magistrado decidió el pasado mes de agosto el sobreseimiento provisional a través de un auto que causó sorpresa tanto por las fechas elegidas, un mes inhábil en los juzgados, como por despacharlo con aparente poca argumentación.
Cabía recurso y, como era de esperar, la Fiscalía ya ha planteado el suyo, en apelación, por lo que este polémico asunto continúa vivo pese a la utilización que hizo del archivo provisional Muñoz el pasado 14 de agosto, el mismo día que presentó la moción de censura junto a OSP.
Según el recurso, al que ha tenido acceso
Marbella24horas, la Fiscalía insiste en que se ocultó al pleno celebrado el 29 de julio de 2009 "la modificación de 21 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella".
Por ello, considera que se produjo un presunto delito de falsedad documental que "se cometió al transcribir y recoger en el acta de la sesión (...) algo que nadie vio, ni se informó al pleno y no se sometió a votación".
El recurso tiene 19 folios y es muy contundente, poniendo en cuestión con un extensa argumentación la decisión que tomó el juez Dívar.
Visionado del vídeo
Martínez Carazo pide a la Sala que visione el vídeo y "simultáneamente vaya comparando lo que acontece en el citado pleno con lo efectivamente recogido en el acta que se levantó de la citada sesión".
El fiscal expone toda una serie de hechos que están incluidos en el acta pero que "no coinciden con la información que se dio al pleno y que se sometió a votación".
En su escrito, analiza de forma pormenorizada toda la grabación y el contenido del acta, y además realiza una exhaustiva cronología de los acontecimientos, incluyendo las reuniones previas a la aprobación del Plan.
Martínez Carazo vuelve a insistir en que el cambio de 22 planos es una "cuestión trascendental" a la que se hizo referencia de forma muy breve durante la sesión plenaria.
Considera que "se produjo una narración mendaz, ya que lo expresado no se correspondía con la realidad" y que "el desvío de lo que se narró en el acta respecto a la realidad de los acontecido es relevante por afectar a las funciones propias del documento".
Por ello, aprecia "la existencia de un elemento subjetivo o dolo falsario en la conducta denunciada, que en todo caso debería tener encaje en la falsedad cometida por imprudencia grave".
Por último, el Fiscal vuelve a pedir que, si se estima su recurso, se cite a declarar como testigos a tres funcionarios municipales, entre ellos Jesús Escamilla, además de los que eran concejales en aquel momento, Diego Eyzaguirre, en las filas del PP, partido que abandonó en 2013, y Susana Radío, entonces portavoz socialista.
Noticias relacionadas:
- El juez archiva el caso PGOU pese a la opinión en contra de la Fiscalía
- El Fiscal se opone a que el caso PGOU se archive y solicita más testigos
Establecer como página de inicio
Añadir a favoritos
