Contundente escrito el que ha remitido la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, que investiga el caso PGOU para tratar de aclarar quién alteró a última hora 22 de los 71 planos sin conocimiento de los concejales, así como la presunta falsificación del acta del pleno del 29 de julio de 2009.
Según el documento, al que ha tenido acceso
Marbella24horas, y que tiene fecha de 20 de julio de 2017, Martínez Carazo se opone al archivo de la causa que solicitaron las defensas de la exalcaldesa Ángeles Muñoz y del vicesecretario, Javier de las Cuevas.
Este último está imputado, mientras que la anterior regidora mantiene por el momento la protección que le da su aforamiento como senadora.
El representante del Ministerio Público considera que, tras las diligencias practicadas y haberse escuchado las declaraciones de hasta siete testigos, hay argumentos suficientes para seguir investigando y rechaza el sobreseimiento de la causa.
Cinco testigos más
Por ello, solicita al juez que llame a declarar a cinco testigos más, tres de los cuales también ha propuesto el
grupo municipal socialista.
Por un lado, pide que comparezcan dos funcionarias municipales que, según indicó el vicesecretario en su declaración, "fueron las que procedieron a la transcripción del vídeo que contenía el pleno del 29 de julio de 2009", señala Martínez Carazo.
Además, al igual que el PSOE, estima que deben prestar testimonio el funcionario municipal Jesús Escamilla Ferro, y los que eran concejales en aquel momento, Diego Eyzaguirre, en las filas del PP, partido que abandonó en 2013, y Susana Radío, entonces portavoz socialista.
La declaración de Escamilla se produce ya que, según el fiscal, es "la persona que supuestamente entregó la documentación presentada por el equipo redactor al vicesecretario", por lo que estima de interés que pueda aclarar "quién fue la persona que recibió la documentación presentada por el equipo redactor".
Relato de los hechos
En el documento que ha conocido este digital, que consta de ocho folios, el fiscal continúa teniendo este asunto bastante claro y realiza una serie de deducciones a la vista de las diligencias practicadas hasta el momento, con puntos realmente muy llamativos.
Cuestiona testimonios como el del que fuera número 2 de Urbanismo, Juan Carlos Fernández Rañada y, sobre todo, el del imputado en la causa, el vicesecretario, del que sostiene que no ha aclarado distintos aspectos importantes.
Además, hace referencia al dictamen del Consejo Consultivo en la parte en la que se dice que un PGOU no puede alterar las lindes de un municipio e insiste en que se cambiaron 22 planos a última hora sin que los concejales pudieran estudiar las documentación.
En este apartado, explica que "no existe acuerdo" sobre si esta variación se puede definir como sustancial, ya que se contradicen los testimonios de los técnicos, pero en su opinión sí se trata de "una cuestión trascendental" a la que sostiene que apenas se hizo referencia durante el pleno.
Tras el análisis del vídeo de la sesión del 29 de julio de 2009 en el que se ve cómo Ángeles Muñoz dice "incorporar nota como dice el vicesecretario", considera que es una frase que luego viene desarrollada hasta en once folios del acta.
"El vicesecretario sigue sin explicar cómo con esa mínima información queda justificado lo que hace constar en el acta en los folios del 107 a 117", opina el fiscal.
El Ministerio Público también señala que el documento con los cambios entregado por el equipo redactor la misma mañana del pleno, "no constaba en la documentación existente en el Ayuntamiento, si bien se aportó copia por el letrado de la defensa de Ángeles Muñoz".
Este aspecto es ciertamente llamativo, ya que como ya informó en su día este digital, esos papeles no estaban en el Ayuntamiento pero de repente aparecieron
en una rueda de prensa del PP en manos de Muñoz el 21 de septiembre de 2016.
Otros aspectos
A criterio de Martínez Carazo, está claro que el documento entregado por el equipo redactor el 12 de junio de 2009 es "el que se facilitó a los concejales de la corporación para su examen y conocimiento". En él no venían los cambios que se introdujeron a última hora.
Señala que el arquitecto del equipo redactor Manuel González Fustegueras declaró ante el juez el pasado 22 de mayo que la Junta les había trasladado "la obligación de adaptarse al informe del Consejo Consultivo".
El Consejo Consultivo emitió su dictamen el 15 de julio de 2009 y, según recoge el Fiscal, determinó que si hay un problema con las lindes entre municipios, si está aprobado el PGOU hay que hacer "un expediente de deslinde o de alteración del término municipal".
Si no es así, y el plan se encuentra en tramitación, como era el caso de Marbella, "debería instarse ante el órgano competente el deslinde antes de su aprobación definitiva".
Esta es la tesis que siempre ha mantenido el movimiento antideslinde, desde donde han repetido constamente que
un PGOU no puede cambiar directamente las lindes entre dos municipios.
Rañada no se acuerda
Por otro lado, el fiscal censura la declaración como testigo de Juan Carlos Fernández Rañada, que considera contradictoria.
Según el representante del Ministerio Público, Rañada dijo ante el juez que "ni tan siquiera se acordaba de la reunión" que tuvo lugar el 27 de julio de 2009 y después manifestó que en ella "se trató de los errores que aparecían en el plan y que eran muchos".
Para cerrar su escrito, el fiscal pide el "sobreseimiento provisional de la presente causa" respecto a Alba Echeverría, a la que el juez citó a declarar como imputada, "dado que no queda acreditado que tuviera participación alguna en el delito de falsificación de documento público investigado en las presentes diligencias".
Hay que recordar que Julio Martínez Carazo estuvo durante un año investigando, tras la denuncia del movimiento antideslinde, este asunto y concluyó con una denuncia por presunta falsificación contra Ángeles Muñoz y el vicesecretario, como adelantó este digital en primicia el
15 de septiembre de 2016.
La exalcaldesa, cuyos abogados están personados en la causa para garantizar su defensa, sin embargo no ha podido ser citada a declarar por su condición de aforada. Tendría que hacerlo en un futuro, si la causa se deriva al Tribunal Supremo.
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