Como ya informamos ayer en primicia, el magistrado Gonzalo Dívar ha acordado por segunda vez el sobreseimiento del llamado caso PGOU, en el que se investiga la falsificación del acta del pleno de julio de 2009 en el que se aprobó el Plan General, cambiando a última hora 22 planos, entre ellos el de las lindes con Benahavís.
Y lo hace de nuevo en contra del criterio del fiscal, que le pidió el pasado mes de abril que enviase la causa al Tribunal Supremo para que se pudiera investigar a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que es aforada por su condición también de senadora.
Según ha podido conocer
Marbella24horas, Martínez Carazo reiteró esa solicitud el pasado verano, en concreto con un escrito fechado el día 7 de agosto de 2018, al que ha tenido acceso este digital.
La reacción del representante de Ministerio Público se producía después de que el juez Dívar hubiera tomado declaración en calidad de testigos el 13 de junio a los exconcejales Diego Eyzaguirre (en 2009 en el PP) y Susana Radío (PSOE), y a dos funcionarias municipales.
Indicios acentuados
En dos de estos testimonios se basa el fiscal para explicar al titular del Juzgado de Instrucción número 3 que los indicios contra Ángeles Muñoz como presunta autora de un delito de falsedad documental "no han quedado desvirtuados, sino más bien al contrario, acentuados".
Martínez Carazo señala que tanto Eyzaguirre como una de las funcionarias "nada aportaron a la causa al no recordar prácticamente lo acontecido".
Pero sí considera importante el testimonio de Susana Radío y el de la otra empleada municipal, auxiliar administrativa del departamento de Secretaría.
En el caso de la exconcejala socialista, el fiscal llama la atención sobre algunas de sus manifestaciones como que nadie les había informado al inicio de la sesión de que se fuera a producir cambio alguno.
Radío también declaró, según recuerda Martínez Carazo en su escrito, que nadie les dijo que se habían modificado 22 de los 71 planos y que si lo hubiera sabido habría pedido examinar esa modificaciones.
La edil socialista explicó en su declaración que en ningún momento entendió que durante la sesión se advirtiera de los cambios y que "no sabía que se habían modificado las lindes con Benahavís".
Grabadora
En cuanto al testimonio de la funcionaria municipal, el fiscal resalta que señaló que los plenos se grababan "con casette y luego con grabadora con archivos de sonido", contenido que luego iba transcribiendo en el acta.
También explicó en su declaración que la parte en la que se habla de forma muy breve y poco clara sobre los cambios la introdujo en el acta "porque la alcaldesa después parece que lo dice".
Con estos testimonios, el fiscal decidió reiterar su petición para que la causa se enviase al Tribunal Supremo ya que insiste en que hay "fundados indicios o dotados de mínima verosimilitud para considerar la presunta particiación de Ángeles Muñoz en el delito investigado de falsedad documental".
Pese a sus dos escritos, de abril y de agosto, el juez Gonzalo Dívar ha acordado el archivo de la causa, tal y como hizo hace un año.
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