El conocido como caso de los cargos de confianza del PP ha acabado finalmente en los tribunales y estrecha aún más el círculo judicial contra la actual senadora del PP.
Además, se da la casualidad, de que la denuncia de la Fiscalía ha caído en el mismo juzgado que instruye el caso PGOU, el número 3 de Marbella, cuyo titular es Gonzalo Dívar, que va a tener en sus manos el futuro político de Ángeles Muñoz.
El magistrado, según ha informado este jueves el equipo de gobierno, ha acordado incoar diligencias previas al apreciar indicios de que se podrían haber cometido los delitos de prevaricación y malversación de causales públicos.
De momento, el juez no señala a nadie y habla de forma genérica de "quienes resulten responsables en el transcurso de la investigación", en la que va a tratar de determinar si estaríamos ante un caso de enchufismo al haberse contratado a estas personas de manera irregular.
Para profundizar en ello, ha reclamado al Ayuntamiento distinta información como los expedientes con las contrataciones de 12 trabajadores de alta dirección durante los gobiernos del PP, las sentencias de lo Social que obligaron, en la mayoría de los casos, a su readmisión y distintos informes jurídicos.
Hay que recordar que todo este asunto estalló nada más producirse el cambio de gobierno en el Consistorio, allá por el
mes de julio de 2015. Este personal de confianza finalizó sus contratos pero acudió a los tribunales para intentar quedarse de por vida en la institución.
El tripartito ya anunció que iba a pedir responsabilidades y, una vez concluidos los procesos en los juzgados de los Social, hubo ocho readmisiones como personal laboral indefinido, dos llegaron a acuerdos y los otros dos recibieron indemnización.
El
pasado mes de enero, el equipo de gobierno anunció que había elaborado un completo informe que iba a poner en manos de la Fiscalía ya que, en un cálculo inicial, fijaron en 400.000 euros el daño a las arcas municipales.
Además, durante los distintos juicios en materia laboral se descubrieron aspectos que pueden hacer pensar que estaríamos ante casos de presunto enchufismo ya que estas personas habrían sido contratadas en el Ayuntamiento sin un proceso de selección.
En el informe se hablaba de hasta
cuatro posibles delitos: prevaricación, malversación, administración desleal y negociaciones prohibidas a los funcionarios público, como avanzó
Marbella24horas.
La diana se puso directamente sobre la que era alcaldesa, Ángeles Muñoz, como la persona que firmó los contratos, ya que estaba al frente de las sociedades municipales o los Órganos Autónomos Locales (Oales), que es donde se realizaron.
Ahora, tras estudiar el tema la Fiscalía y elevar denuncia, el asunto ha caído curiosamente en el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, que es el mismo que está investigando el caso PGOU, también contra la actual senadora del PP.
El caso del alcalde de La Línea
Como ya informó este digital en su día, el equipo de gobierno cuenta con jurisprudencia como la condena firme que recayó sobre el alcalde del GIL en el Ayuntamiento de La Línea en 1999, Juan Carlos Juárez.
En mayo de 2012, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia contra el regidor y los concejales Manuel Aguilera y Alfonso González Carbonell. Los tres fueron condenados por prevaricación a siete años de inhabilitación por el llamado "caso de los contratos".
Se consideró probado que el gobierno municipal que presidía Juárez contrató a nueve personas sin anuncio público o selección alguna “solo por ser miembros del GIL, e incluso algunos de ellos que se habían presentado en las listas del partido y no habían sido elegidos”.
El Supremo corroboró que los contratos se habían realizado “sin oferta oficial que pudiera llegar a conocimiento de todos los habitantes del municipio”, es decir, sin un “sistema para valorar las aptitudes para el puesto".
Sin embargo, se empleó un “aparente procedimiento selectivo” para justificar “de manera torticera y arbitraria” la contratación de los trabajadores, cuyo único mérito conocido era ser “correligionarios” de los acusados en el GIL.
Una situación, que según las fuentes consultadas por este digital, podría tener similitudes a lo ocurrido en Marbella y que se ha puesto de manifiesto por las demandas de los cargos de confianza de Ángeles Muñoz para quedarse en el Ayuntamiento
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