La historia se repite, mismo juzgado, mismo magistrado y misma decisión, otra vez se archiva una causa denunciada por la Fiscalía y en la que está implicada Ángeles Muñoz.
Hay que recordar que el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, al frente del cual está
Gonzalo Dívar, acordó hasta por dos veces el sobreseimiento del llamado
caso PGOU.
Tras los recursos, la Audiencia Provincial le ordenó también en dos ocasiones reabrirlo y, al final, tuvo que enviarlo al Tribunal Supremo, donde quedó cerrado.
Ahora, según un auto con fecha de
15 de enero al que ha tenido acceso
Marbella24horas, el magistrado acuerda el
archivo provisional del
caso de los cargos de alta dirección.
Lo hace de nuevo
en contra del criterio del fiscal, que el
pasado verano solicitó que la causa se remitiera al
Tribunal Supremo al estar implicada la alcaldesa y también senadora,
Ángeles Muñoz.
El Ministerio Público encontraba indicios de tres delitos contra la regidora: prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.
Ahora el
juez Dívar no aprecia nada punible, todo está correcto, al menos desde el punto de vista penal, y acuerda el
sobreseimiento provisional del caso. Cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Málaga.
El magistrado considera, explicándolo de una forma sencilla, que, aunque en el
plano administrativo el proceso para contratar a esos cargos no fuera el correcto, no se puede considerar que exista relevancia penal.
Utiliza argumentos como que "el principio de intervención mínima implica que la sanción penal sólo deberá utilizarse para resolver conflictos cuando sea imprescindible".
También sostiene que "no es suficiente que una resolución no sea adecuada a derecho para que constituya un
delito de prevaricación" o que "no todo acto administrativo ilegal debe ser considerado penalmente injusto".
Hace por tanto, todo tipo de
requiebros normativos para concluir que "en modo alguno puede decirse que las contrataciones realizadas supongan por su propia naturaleza, entidad y efectos una contradicción patente y grosera del ordenamiento público (...) así como una desviación o torcimiento del derecho que permita apreciar ese plan de antijuricidad, ese dolo reduplicado que exige el delito de prevaricación imputado".
Y añade que no es función de la jurisdicción penal "pronunciarse sobre si
los contratos reúnen o no los requisitos exigidos por la legislación administrativa".
Por tanto, sostiene que
no existe delito de prevaricación, ni tampoco de fraude en la contratación ni de malversación.
"No ha quedado ni mínimamente acreditado no sólo la existencia de esa connivencia exigida, si no que la contratación se hiciera sin cumplir las exigencias legales (...), ni que los investigados no efectuaran las funciones que les correspondían como personal de alta dirección", señala.
El instructor también utiliza distinta jurispurudencia en su auto para avalar sus tesis, pero olvida la condena que hizo firme el Tribunal Supremo en 2012 contra el que fuera alcalde del GIL en el Ayuntamiento de La Línea,
Juan Carlos Juárez, y otros dos concejales.
Los tres fueron condenados por prevaricación a
siete años de inhabilitación por el llamado "caso de los contratos".
La causa
Fue durante la época del equipo de
gobierno tripartito (PSOE-OSP-IU) cuando se denunció, con los informes de los habiliitados municipales, la
contratación irregular de cargos de alta dirección durante los mandatos de Ángeles Muñoz entre 2007 y 2015.
Tras la
denuncia por parte de la Fiscalía, el juzgado de Instrucción número 3 de Marbella abrió diligencias
en abril de 2017.
Cumplido el primer plazo reglamentario de seis meses, la Fiscalía solicitó que la
causa fuera declarada compleja.
Ello hizo posible que se continuara investigando un año más, hasta octubre de 2018, cuando se pidió una nueva prórroga, por otros 18 meses, que también concedió el juez y que venció en abril de 2020, y a la que siguió otra más.
Se investigó la contratación de
12 cargos de alta dirección en sociedades municipales y Oales del Ayuntamiento, diez de los cuales figuran como imputados en el caso.
El
29 de junio de 2020, la Fiscalía señaló por primera vez a la alcaldesa,
Ángeles Muñoz, como la responsable de aquellas contrataciones y pidió que la causa fuera enviada al Tribunal Supremo al tener condición de aforada como senadora.
Ahora, el juez instructor considera que no hay ningún delito y pone fin, de manera provisional, al caso después de casi cuatro años de investigación.
La decisión afecta tanto a la alcaldesa como a los diez exaltos cargos que figuran como investigados en el caso.
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