El
Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella ha admitido a trámite una querella presentada por un vecino por las irregularidades que considera se habrían cometido en la concesión y explotación de la discoteca Opium.
La noticia la avanza este domingo "elDiario.es", donde se recuerda que este club de playa fue protagonista el pasado 18 de julio por un tiroteo que se produjo mientras
Froilán de Marichalar, el nieto del Rey, celebraba su cumpleaños en el interior.
El titular del juzgado en el que, tras el reparto, ha recaído la causa es
Gonzalo Dívar, que asumió también en su día otras contra la alcaldesa y las archivó contra el criterio de la Fiscalía.
Según detalla "elDiario.es", la querella criminal acusa de los presuntos
delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y lesiones a los propietarios de Opium, a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y al concejal de Industria, Félix Romero.
También se señala a los "
funcionarios municipales responsables de las licencias y autorizaciones" concedidas a este establecimiento de playa.
Por el momento, en un auto del pasado 2 de marzo, Dívar
admite ahora a trámite la querella, que había sido presentada en octubre de 2021, y abre diligencias previas.
Su primera indagación es hacia los dos
administradores solidarios de la sociedad Adventure Beach, propietaria de Opium, que tendrán que acudir a declarar al juzgado el 12 de abril.
Hay que recordar que Dívar no puede dirigir la causa, si llega el momento, contra
Ángeles Muñoz ya que está aforada por su condición de senadora y debería derivarla al Tribunal Supremo. Sí podría llamar a declarar a Félix Romero.
La querella recoge todo tipo de irregulares, muchas de ellas denunciadas ante los medios por los vecinos de la
urbanización El Real de Marbella, cercana a Opium,
durante los últimos meses.
Por ejemplo, que el Ayuntamiento otorgó una licencia como
restaurante con un aforo de ocho personas mientras que, según el denunciante y está a la vista, se trata de una discoteca con pinchadiscos, hamacas, piscina y música en directo.
“Las autoridades locales no solo permiten, sino que alientan con su
permisividad las situaciones de ilegalidad en las que actúan los dueños del establecimiento", señala el querellante.
Los vecinos han mostrado su malestar públicamente en diferentes ocasiones por las
molestias que genera el establecimiento. "Aquí es imposible vivir", clamaron el pasado mes de julio.
La querella pide que se
revoque la licencia de restaurante y se elimine la instalación musical del local.
También que se requiera al Ayuntamiento las licencias y autorizaciones, los
expedientes sancionadores, los derivados de las quejas vecinales, los requerimientos a los titulares del negocio y que la Policía Municipal aporte las múltiples denuncias telefónicas y por escrito.
Coche de carreras del hijo de Muñoz
Opium es uno de los patrocinadores del
coche de carreras de Chistian Broberg Muñoz, hijo de la alcaldesa de Marbella.
En el sumario por
narcotráfico y blanqueo de capitales que instruye la Audiencia Nacional, la denominada 'trama sueca', este club de playa aparece mencionado en una conversación grabada al presunto cabecilla, Joakim Broberg.
Según explica "elDiario.es",
el hijastro de Ángeles Muñoz habla con un número vinculado al despacho de arquitectos de
Fernando Gómez Huete, habitual contratista con el Ayuntamiento de Marbella.
El interlocutor le ofreció a Joakim el 5% que dice poseer de la discoteca por 250.000 euros y, ante las dudas, para convencerlo le dijo que
Opium había facturado cinco millones de euros en el verano de 2019.
“Lo que pasa es que se ha gastado mucho en dj’s porque lo están promocionando”, añade.
Antecedentes de Dívar
El juez Gonzalo Dívar
archivó hasta en dos ocasiones, en ambas contra el criterio de la Fiscalía, el llamado
caso PGOU en el que se investigó la falsificación del documento con el cambio a última hora de planos en los terrenos donde está la mansión de la alcaldesa.
También dio carpetazo al
caso de los cargos de alta dirección, igualmente contra la opinión del Ministerio Público, que encontró indicios de prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos contra Ángeles Muñoz.
Antes de estas dos causas, en 2010, también cerró el caso por una denuncia del PSOE en relación al
deslinde entre Marbella y Benahavís que había puesto en marcha la alcaldesa.
Enlace a la noticia completa en "elDiario.es"
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