Tal y como hiciera hace un año, en agosto de 2017, y después de la que la Audiencia Provincial de Málaga le ordenase reabrir el caso, el juez Dívar ha vuelto a acordar el "sobreseimiento y archivo" de las diligencias en un auto con fecha 3 de septiembre de 2018 al que ha tenido acceso
Marbella24horas.
De nuevo lo hace en contra del criterio de la Fiscalía, que en su día se opuso a que cerrara la causa y que, una vez reabierta, reclamó al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella que la enviase al Tribunal Supremo.
En un escrito del que ya informó este digital el
pasado mes de abril, el Fiscal de Área, Julio Martínez Carazo reiteraba que existían "sobrados indicios de la presunta comisión del delito de falsedad".
Y pidió de forma contundente que las diligencias se remitiesen al Supremo para así poder investigar a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que por su condición también de senadora es aforada.
"Se deducen fundados indicios o dotados de la mínima verosimilitud para considerar la presunta participación de doña Ángeles Muñoz Uriol en un delito investigado de falsedad documental", señalaba entonces el fiscal.
Después, el pasado mes de agosto, Martínez Carazo reiteró en otro escrito la solicitud de que la causa derivara al Alto Tribunal.
Pero ahora, tras tomar el pasado mes de junio las últimas testificales a las que le obligó la Audiencia Provincial, el juez Dívar ha acordado de nuevo el archivo del caso PGOU.
Auto
En el auto, que obra en poder de este digital, el magistrado reitera que "los hechos investigados no son constitutivos de delito alguno" y considera que con el fallecimiento del vicesecretario "queda extinguida cualquier responsabilidad criminal que pudiera resultar".
Dívar cita distinta jurisprudencia sobre la remisión de actuaciones al Tribunal Supremo respecto a una persona aforada y realiza una amplia argumentación para exculpar a Ángeles Muñoz.
"Debe ponerse de manifiesto la falta absoluta de intervención de la alcaldesa en la redacción de las actas", señala en el auto, que consta de 8 folios, aunque el último está en blanco.
Y añade que la función de un alcalde es solo la de dar el visto bueno, algo que "tiene por objeto ignificar que el Secretario que las expide y autoriza está en el ejercicio del cargo y que su firma es auténtica".
Por tanto, al "no apreciarse la existencia de indicio alguno que permita individualizar su presunta actividad delictiva (...) debe denegarse la petición de remitir la presente al Tribunal Supremo, procediendo al sobreseimiento".
Contra esta decisión del juez Dívar cabe recurso de reforma ante su propio juzgado, en el plazo de tres días, y de apelación, ante la Audiencia Provincial, en cinco días.
En la causa está personado como acusación popular el Grupo Municipal Socialista, que también el pasado mes de junio, ya de la mano del prestigioso letrado José Mariano Benítez de Lugo, solicitó que se enviaran las diligencias al Tribunal Supremo.
Hemeroteca
Hay que recordar que en el llamado caso PGOU se investiga un presunto delito de falsedad documental en el acta del pleno de julio de 2009 en el que se aprobó el Plan General de Marbella, al que se le cambiaron a última hora 22 planos, entre ellos el de las lindes con Benahavís.
Tras un año de investigación, la Fiscalía formuló denuncia contra la alcaldesa Ángeles Muñoz en el
verano de 2016 y la causa cayó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, donde
se abrieron diligencias.
El juez acordó, en contra del criterio de la Fiscalía, el
archivo provisional del caso en un auto con fecha de 9 de agosto de 2017, pero que se conoció el día 14 de ese mes, el mismo en el que se firmó la moción de censura que devolvía a Ángeles Muñoz a la alcaldía.
Tanto el fiscal como la acusación popular a cargo del PSOE interpusieron recurso y lograron que la Audiencia Provincial de Málaga ordenase el pasado mes de marzo
reabrir la causa y practicar más diligencias.
Ahora, de nuevo con el criterio en contra de la Fiscalía, el juez Dívar la vuelve a archivar y exculpa a Ángeles Muñoz.