La causa está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, cuyo titular es Gonzalo Dívar, a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía el pasado mes de abril tras recibir la documentación que le entregó el equipo de gobierno.
Inicialmente, el magistrado apreció indicios de que se habrían cometido dos delitos: prevaricación y malversación de causales públicos, aunque por el momento no ha acusado a nadie.
El equipo de gobierno sí puso la diana directamente sobre la que era alcaldesa, Ángeles Muñoz, como la persona que firmó los contratos de alta dirección, ya que estaba al frente de las sociedades municipales o los Órganos Autónomos Locales (Oales), que es donde se realizaron.
El juez ya solicitó en abril distinta documentación, y ahora, según ha podido conocer
Marbella24horas, ha reclamado al Ayuntamiento más información, en este caso para intentar aclarar si existió malversación.
En concreto, ha pedido conocer el "perjuicio patrimonial" ocasionado al Ayuntamiento por cada uno de los doce trabajadores que fueron contratados como cargos de alta dirección durante los gobiernos de Ángeles Muñoz.
El magistrado solicita el "importe que debía recibir realmente cada trabajador por el trabajo efectivamente realizado".
Por lo tanto, desde el Consistorio deberán aportar los sueldos que tenían estos trabajadores en sus cargos y compararlos con lo que deberían haber cobrado por la labor que realmente hacían.
Si como todo apunta, la primera cantidad, fruto del presunto enchufismo, es mayor que la segunda, la diferencia será el daño a las arcas públicas.
Se trata, por tanto, de un paso más en las diligencias previas abiertas en abril. En aquel momento, Gonzalo Dívar ya pidió los expedientes con las contrataciones de los trabajadores, las sentencias de lo Social que obligaron, en la mayoría de los casos, a su readmisión y distintos informes jurídicos.
Ahora, quiere saber el daño patrimonial causado, que el equipo de gobierno estimó, en un cálculo inicial el pasado mes de enero, en torno a los 400.000 euros.
Una vez reciba toda la documentación, parece que podría tomar ya una decisión. Las fuentes consultadas por este digital señalan que se trata de un asunto muy claro y basado en informes técnicos y sentencias judiciales.
Hay que recordar que si Dívar aprecia indicios contra Ángeles Muñoz, tendría que derivar el caso al Tribunal Supremo. El Ayuntamiento está personado como acusación particular.
El caso estalló en 2015
Todo este asunto estalló nada más producirse el cambio de gobierno en el Consistorio, allá por el
mes de julio de 2015. Este personal de alta dirección finalizó sus contratos pero acudió a los tribunales para intentar quedarse de por vida en la institución.
El tripartito ya anunció que iba a pedir responsabilidades y, una vez concluidos los procesos en los juzgados de lo Social, hubo ocho readmisiones como personal laboral indefinido, dos llegaron a acuerdos y los otros dos recibieron indemnización.
El pasado
mes de enero, el equipo de gobierno anunció que había elaborado un completo informe que iba a poner en manos de la Fiscalía.
Y es que, durante los distintos juicios en materia laboral, se descubrieron aspectos que pueden hacer pensar que estaríamos ante casos de enchufismo ya que estas personas habrían sido contratadas en el Ayuntamiento sin el necesario proceso de selección.
En el informe municipal se hablaba de hasta
cuatro posibles delitos: prevaricación, malversación, administración desleal y negociaciones prohibidas a los funcionarios público, como avanzó
Marbella24horas.
Tras la denuncia de la Fiscalía, el juez ha apreciado solo dos, aunque los más importantes,
prevaricación y malversación de caudales públicos.
Se da la circunstancia de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella investiga de forma paralela el llamado caso PGOU, en el que está implicada la actual senadora Ángeles Muñoz.
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