La polémica por el cierre de estas conocidas instalaciones deportivas continúa en las redes sociales, con distintas interpretaciones, queriendo cargar sobre el Ayuntamiento la responsabilidad de la decisión.
La realidad es que un vecino, tras un largo proceso en los tribunales, logró una sentencia favorable, firme desde finales de 2014, que la empresa propietaria de las pistas deportivas se resistió a cumplir y, casi un año después, un juez ha obligado al Ayuntamiento a suspender la actividad hasta que tome las medidas oportunas para no causar molestias.
Así queda claro en el auto judicial, al que ha tenido acceso
Marbella24horas, con fecha de 27 de noviembre de 2015, dictado por David Gómez Fernández, magistrado-juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Málaga en el que ordena de forma tajante el cierre del club de pádel y critica la "pasividad" de la Administración. También hay que destacar que el demandante pidió el cese de la actividad en varias ocasiones.
En su parte dispositiva, el auto es muy claro: "Dispongo requerir expresa, directa y personalmente al titular de la concejalía delegada de Industria, Comercio y Vía Pública del Ayuntamiento de Marbella para que proceda, en el caso de no haberse adoptado al momento de notificarse la presente resolución las medidas correctoras ordenadas en la sentencia ejecutada, (...) a acordar, cuanto menos -y siempre que no estime oportuno la revocación de la propia licencia- la suspensión de todas las actividades amparadas en la licencia de apertura en su día otorgada, hasta tanto no se proceda a adoptar las medidas correctoras".
En caso de que el concejal al que se dirige, Javier Porcuna, no tomase esta medida, para la que le da un plazo de cinco días, el juez le advierte de que le impondrá "sucesivas multas coercitivas por un importe de mil euros y periocidad quincenal a cargo de su patrimonio personal, hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de la deducción del oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".
El auto es, como se puede comprobar en esta transcripción literal, contundente y el Ayuntamiento, que además es parte demandada también por el vecino en este proceso, no tenía más opción que cerrar de forma rápida el club de pádel. También podría haber revocado la licencia, algo que no ha hecho.
Proceso judicial
Hay que recordar, para entender todo este proceso, que existe un sentencia firme, con fecha de 15 de diciembre de 2014, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga que establece que Lozanomar S.L., la empresa propietaria de las instalaciones, debía tomar medidas correctoras para evitar los ruidos producidos a un vecino.
El 17 de septiembre de 2015, en un primer auto, el juez ordenó al Ayuntamiento que hiciera cumplir la sentencia y determinara las medidas necesarias que debía tomar la empresa. El Consistorio lo hizo a través de un decreto de 29 de septiembre en el que exigió que se instalen pantallas acústicas con unas características determinadas.
Pero el club de pádel no lo hizo y el vecino volvió a reclamar, pidiendo a finales de noviembre el cierre de la instalación. Por ello, desde el juzgado se dictó un nuevo auto, el citado con fecha de 27 de noviembre, en el que se recordaba que la sentencia "se dictó hace casi un año debiendo haber sido cumplida" y dirigía toda la responsabilidad hacia el Ayuntamiento de Marbella.
Consideró que la "pasividad" mostrada por la institucion "no es admisible y es contraria a los términos del fallo ejecutado en el que se ordenaba a la Administración cumplir la normativa legal vigente sobre control de ruidos".
Por tanto, apremió al concejal, que recibió el auto el día 3 de diciembre, para que cerrara el club de pádel, algo que hizo enseguida.
Reapertura
Ahora, desde el empresa se ha informado por redes sociales de que ya se han colocado las pantallas acústicas y están a la espera de la reapertura. Las fuentes municipales consultadas por este digital señalan que es el juez el que debe tomar esa decisión y comunicarla al Ayuntamiento.
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Fragmento del auto de 27 de noviembre del juez de Málaga.