Cuando se recuerda el pasado de Manuel García-Castellón, habitualmente se suele olvidar a nivel nacional la trama sueca, en la que nunca aceptó como suficientes los indicios de
corrupción en el Ayuntamiento de Marbella que le planteó la Policía.
Se suele rememorar su querencia a investigar a políticos independentistas e, incluso, a apuntar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por terrorismo para poner en jaque la ley de amnistía.
También instruyó el caso del excomisario Villarejo y se mostró implacable con
Podemos y Pablo Iglesias.
Pero, además, fue el juez que cerró la instrucción de la llamada
'trama sueca', una investigación por narcotráfico y blanqueo a instancias de las autoridades de Suecia.
Mandó al banquillo a
Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y a su padre y marido de la regidora,
Lars Broberg, ya fallecido.
Actuó desde 2019
bajo secreto de sumario hasta que a finales de 2022 dictó el auto de procesamiento, que pudo pasar inadvertido, pero que finalmente salió a la luz originando un escándalo político en Marbella.
Tanto el primer instructor,
Alejadro Abascal, como
García Castellón, nunca quisieron investigar por corrupción a la alcaldesa como le pidió la Policía hasta en
tres informes que constan en el sumario.
En julio de 2019, los investigadores informaron sobre las
conversaciones interceptadas a Joakim Broberg y pidieron que se ampliase la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, relacionados con la corrupción política.
En octubre de 2019, se alertó de que el hijastro de Muñoz tenía "un notorio uso de influencias en las distintas ad
ministraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros".
Un tercer informe, en agosto de 2020, hablaba de "información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos".
Hacían alusión los agentes a que Joakim Broberg tenía conocimiento de la elaboración del nuevo
Plan General Urbanístico y la utilizaría para sus negocios.
Todo ello no mereció mayor indagación, ni de Abascal primero, ni después de García-Castellón, al igual que
el chivatazo que recibió Lars Broberg sobre que sus teléfonos estaban pinchados.
Nunca se optó por abrir
una pieza separada en la trama por narcotráfico y blanqueo para investigar corrupción política que apuntaba a la alcaldesa, y entonces también senadora del PP, Ángeles Muñoz.
Manuel García Castellón también rechazó a finales de 2022
que el PSOE se personase en la causa y descartó, pese a no haberlo investigado, que el Ayuntamiento estuviese implicado en la trama, echándole un salvavidas a la regidora.
Nunca se dio mayor importancia a grabaciones en las que, por ejemplo, Joakim Broberg, presunto líder de la trama, se jactaba de controlar "Marbella, Estepona, Benahavís...tenemos toda
la jodida Andalucía".
Tampoco se consideró oportuno investigar los contactos entre concejales del equipo de gobierno como
Diego López (Limpieza) y
José Eduardo Díaz (Seguridad Ciudadana), que charlaban de forma amigable con Joakim.
Ni las reuniones que pactaba el presunto narco con su madrastra, la alcaldesa Ángeles Muñoz, para que el teniente de alcalde
Félix Romero se reuniese con un empresario ruso.
Los contratos del Ayuntamiento con la
empresa Codecosol, que según el juez forma parte de la trama, instados por Lars Broberg, no llamaron tampoco la atención.
Ahora Manuel García Castellón se jubila de forma forzosa, porque había decidido estirar su trabajo hasta el máximo legal de los 72 años.
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