El pleno aprueba una subida de tasas y precios públicos del 2,7%

Entre otros aspectos destacados, también se ha aprobado la reducción del sueldo de los funcionarios, a través de la eliminación de la paga extra de Navidad, así como los reglamentos para poner en marcha ya de forma definitiva el Consejo Social y la división del municipio en nueve distritos. Uno de los puntos más polémicos ha sido el debate sobre la Residencia de Tiempo Libre, que finalmente ha concluido sin consenso. 

El desarrollo de la sesión ha sido más rápido de lo esperado y finalmente su duración ha estado cerca de las seis horas, muy por debajo de las previsiones que relizaba el día anterior el portavoz municipal, Félix Romero. Los grupos de la oposición han pedido más turnos para ampliar el debate, consideración que quedaba reglamentariamente a criterio de la presidencia, que ha desestimado esa posibilidad. 

Reseñable también ha sido la ausencia de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quien se encontraba, según se ha explicado, en una sesión de trabajo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En su lugar, ha presidido el pleno la concejal María Francisca Caracuel. 

Uno de los aspectos tratados en la sesión que más directamente va a afectar a los ciudadanos tiene que ver con la actualización del IPC en las tasas y precios públicos, lo que supone un incremento del 2,7% para el año 2013 en la mayoría de los precios que se pagaban hasta ahora. La subida es menor en alcantarillado (1,4%) y suministro de agua (2,2%). Estas medidas fueron aprobadas con los votos a favor del PP, la abstención del PSOE y la oposición de OSP e IU. 

Los servicios que se verán afectados por esta subida son las tasas de recogida de basuras, expedición de documentos, servicios de sanidad, mercados, guarderías municipales, cementerios y licencias para taxis, vehículos de transporte, apertura de establecimientos o utilización de la vía pública. También se ven afectados todos los precios públicos en materias como por ejemplo las deportivas en instalaciones, cursos y escuelas de formación.

A todos ellos, salvo las dos excepciones citadas, se le aplicará un incremento del IPC en agosto de 2012 que ha sido del mencionado 2,7%. La medida ha sido defendida por el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, quien ha señalado su obligatoriedad  ya que iba contemplada en la aprobación del plan de pagos a proveedores que gestiona de forma rápida las deudas de la administración con los empresarios del municipio. 

"Se trata de una subida de tasas, no de impuestos indirectos, solo se incrementa el IPC y es nuestra obligación cumplir con el plan de pagos", señaló Romero. 

Desde la oposición llovieron las críticas. Enrique Monterroso (IU) dijo que se trata de un "incumplimiento clamoroso por parte del PP, un fraude electoral porque nos decían que congelaban los impuestos, estas medidas empobrecen a la ciudadanía y no mejoran unos servicios que además se están privatizando". 

Manuel Osorio (OSP) dijo que "con tanta carga a la gente de a pie se está consiguiendo el efecto contrario, que no paguen y se dispare la morosidad", mientras que Ricardo López (PSOE) sostuvo que el problema "es que se está gastando más de lo que se ingresa y van a conseguir que los vecinos acaben viviendo debajo de un puente, no solo suben los impuestos sino que les bajan los salarios, es un conjunto de despropósitos". 

Previamente a esta subida de tasas y precios públicos, se había acordado la reducción del sueldo de los funcionarios municipales a través de la retirada de la paga extra de Navidad, en cumplimiento de la normativa estatal para garantizar la estabilidad presupuestaria. Esta medida ya se estaba aplicando en el caso de los que tienen ese incentivo prorrateado. 

Félix Romero ha justificado la medida, aprobada solo con los votos a favor del PP, por la "difícil situación que vive España tras las erráticas políticas del gobierno anterior". Desde Izquierda Unida, Enrique Monterroso ha destacado que "no reciben la paga pero sí cotizan por ella" y ha señalado que "las políticas antisociales de Rajoy son erróneas y hacen que la economía española se venga abajo". 

Desde OSP, Manuel Osorio ha pedido que se enseñen las nóminas de los cargos de confianza, mientras que el socialista Ricardo López ha criticado que "esa rebaja en el sueldo no se haya utilizado de forma corecta según ha dicho el propio interventor en un informe". 

Otro punto importante ha sido el de la dación de cuentas del ejercicio de 2011, donde como es sabido se ha detectado un déficit de 19 millones de euros. Félix Romero ha recordado que "esto no quiere decir que no podamos pagar ni vayamos a la quiebra" y ha señalado que "el 90% de los municipios están así", al tiempo que ha detallado como causas del endeudamiento las "sentencias judiciales como la del Puerto Deportivo de casi 11 millones, o en la falta de pago por parte de la Junta de Andalucía". 

Enrique Monterroso, por su parte, ha destacado el "fracaso en la gestión económica municipal" y ha considerado que "de forma interesada se pone de excusa a la Junta". "Nos estamos endeudando por encima de nuestras posibilidades, como dice Rajoy", añadió, y se preguntó "de dónde van a salir los ingresos para el plan de ajuste". 

En este sentido, Manuel Osorio dijo que el "agujero lo van a pagar los ciudadanos" y señaló que el Ayuntamiento está "asfixiado" por lo que también se pregunta dónde se van a hacer los recortes. Ricardo López destacó en este punto que "la alcaldesa se ha quitado de enmedio" y añadió que "el problema es que se está gastando más por una mala gestión" y volvió a preguntar dónde está el dinero de la reducción del sueldo a los trabajadores. 

Por otro lado, se aprobó por unanimidad la creación de una Plataforma Cívica de Voluntariado para situación de emergencias. Tras el incendio de finales de agosto y también las últimas inundaciones, con esta iniciativa se quiere canalizar la colaboración ciudadana ante posibles nuevas catástrofes. 

El pleno dio el visto bueno por unanimidad al dictamen para la asignación de nombre a distintas calles, y también aprobó la renovación de los horarios comerciales como consecuencia de la condición de Marbella como municipio de gran afluencia turística, por la que se permite abrir en domingos o festivos. Esta propuesta contó también con el apoyo del PSOE. 

Durante la sesión se rechazó una moción presentada por los socialistas para instar al Gobierno central a que las mamografías no se saquen de la cartera de prestaciones básicas en la sanidad pública. La concejal Isabel Cintado dijo que no se está contemplando esa supresión, por lo que rechazó la moción. 

También se rechazó con los votos del equipo de Gobierno una propuesta socialista para impulsar el Plan Especial de Protección del Casco Histórico, así como dos mociones de Izquierda Unida, una relativa a la prevención de riesgo de avenidas en los suelos urbanos con ríos y arroyos, y otra relativa a la creación de un código ético para los supermercados en relación a los excedentes alimentarios en los supermercados. 

En el turno de ruegos y preguntas destacó una curiosa cuestión que planteó Rafael Piña al concejal de Fiestas, Diego López, al que preguntó "quién ha pagado la factura del hotel donde usted ha residido durante la semana de Feria". El líder sampedreño se mostró muy crítico con algunos aspectos de las fiestas del pueblo y dijo que desde el PP "han privilegiado a sus amigos con el reparto de las casetas". 

En esta última parte, también sobresalió la petición de dimisión del coordinador de Hacienda, Carlos Rubio, que realizaron desde el PSOE por su "mala gestión" y por los "insultos al portavoz del grupo" en una rueda de prensa.