El primer pleno extraordinario celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Marbella ha llevado adelante, con los votos del PP, la aprobación definitiva de las nuevas tasas y precios públicos para 2013 tras rechazar una propuesta presentada por Izquierda Unida para que se congelasen. La subidá será, por tanto, del 2,7% con carácter general por actualización del IPC, salvo en alcantarillado (1,4%) y en agua (2,2%).
La primera sesión plenaria, con tres puntos en el orden del día, ha arrancado a las 10:00 horas y se ha prolongado hasta las 11:20 horas, un poco más de lo esperado ya que el tiempo inicial previsto era de una hora.
En el segundo de los puntos del día se ha dado ya el visto bueno definitivo, que había sido provisional en el pleno de octubre, a las nuevas tasas y precios públicos para 2013, que sufrirán una subida con la actualización del 2,7% correspondiente al IPC en el mes de agosto de 2012. En el caso del alcantarillado será del 1,4%, mientras que en el suministro de agua será del 1,2% y llegará hasta el 2,2%.
Desde el grupo municipal de Izquierda Unida se había planteado una reclamación en la que se solicitaba que se congelaran los precios a la vista de la actual situación de crisis. El concejal Miguel Díaz destacó que el PP se "hace fuerte siempre contra los débiles" y reclamó que no se incrementase la presión sobre el bolsillo de los ciudadanos.
Desde OSP se habló de "despilfarro" y de "gastos absurdos", mientras que el PSOE denunció el "engaño" que realiza el PP, que "anuncia que no sube los impuestos y luego lo hace".
Los servicios que se verán afectados por esta subida, que entrará en vigor a día 1 de enero de 2013, son las tasas de recogida de basuras, expedición de documentos, servicios de sanidad, mercados, guarderías municipales, cementerios y licencias para taxis, vehículos de transporte, apertura de establecimientos o utilización de la vía pública. También se ven afectados todos los precios públicos en materias como por ejemplo las deportivas en instalaciones, cursos y escuelas de formación.
El tercer punto del orden del día fue el que más debate suscitó ya que se trataba de una propuesta de la alcaldesa para que se modificasen las condiciones de amortización del anticipo reintegrable concedido por la Junta de Andalucía.
En este sentido, Enrique Monterroso (IU) denunció la "campaña mediática con elementos de chantaje" que está llevando a cabo el equipo de Gobierno y señaló que "se trae a pleno un asunto que ha sido ya resuelto esta semana el Parlamento de Andalucía".
El líder de la coalición de izquierdas se mostró a favor de la postura adoptada por unanimidad en el pleno del pasado mes de mayo y pidió al PP que "deje de vender victimismo porque nadie se cree sus argumentos" a la hora de echar la culpa a la Junta.
Desde OSP, Manuel Osorio señaló que volvían a pedir la realización de dos auditorías para conocer la situación del Ayuntamiento, propuesta que fue rechazada, y destacó que el equipo de Gobierno "ya conocía los plazos de amortización" y que el fin claro de todo este asunto es "que habrá un ERE". El edil habló de "despilfarro" y de que "no se puede ir a Cáritas a pedir ayuda vestido de gala", y pidió conocer los "números reales del Ayuntamiento".
Por el PSOE, José Bernal denunció que el comportamiento actual del equipo de Gobierno se parece al de otras épocas, "han cambiado las siglas pero el resto sigue igual", dijo, y añadió que "llevamos cinco años de derroche, enchufismo, oscurantismo y gastos constantes".
"Tendrán que explicar a los ciudadanos cómo van a echar a trabajadores mientras han contratado a veinte nuevos empleados por la puerta de atrás en los últimos dos meses", concluyó.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, reprochó que la oposición "vuelve a dar la espalda a Marbella" y consideró "inasumible" para el municipo el pago de la deuda en los términos actuales. Recordó que hasta ahora "nos ha costado sudor y lágrimas pagar".
También explicó que el gasto corriente del Ayuntamiento ha ido bajando desde los 51 millones de 2007 hasta los 33 millones de 2010, y que ha subido en 2011 por culpa de las "sentencias judiciales" de épocas anteriores. "Si la Junta aprueba un nuevo plan de pago no habrá más ajustes que el que se ha hecho hasta ahora, si no, lo haremos", concluyó.
Finalmente, en votación se aprobó por unanimidad la enmienda de IU, que repetía los mismos términos de mayo de este año, y también la del equipo de Gobierno, en este caso con la abstención de OSP.
Además de estos dos asuntos, el primer punto del orden día hacía referencia a la creación de un puesto de adjunto al interventor, que según explicó Félix Romero costará 63.000 euros anuales. La propuesta salió adelante con los votos del PP y de OSP.
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