El PSOE de Marbella retira su acusación en el caso Saqueo II por causas económicas tras diez años

Bernal, que ha estado acompañado por Oliver Roales, abogado que ha llevado el proceso para el PSOE de Marbella, ha señalado que se trata de una decisión "dura" pero que han tenido que afrontar "no porque queramos" sino porque "económicamente no podíamos seguir adelante". "Estamos muy orgullosos de nuestra acusación particular que hemos mantenido hasta este momento", insistió. 

El secretario general ha destacado el trabajo "altruista" que ha realizado el abogado Roales, asesor jurídico del partido y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga, y ha recordado que todos los costes han corrido a cargo de la Agrupación Socialistas de Marbella, que ya no podía hacer frente a lo que habría supuesto el juicio en Madrid. 

"El PP se retiró hace cinco años, pero nosotros, que iniciamos el proceso, hemos seguido adelante hasta ahora por nuestro compromiso de que se recupere el patrimonio que esquilmaron al municipio", añadió. 

Bernal explicó que el escrito de acusación del PSOE, con 90 folios, pide la máxima reponsabilidad tanto civil como penal para los acusados en el caso Saqueo II. "Solicitamos que vuelvan a las arcas municipales 140 millones de euros, frente a los 70 que pide el Ayuntamiento", detalló. 

"Se ha hecho un gran trabajo por parte de Oliver Roales", añadió, y recordó que, aunque al retirarse la acusación, su escrito no pueda ser tenido en consideración por el tribunal, sí forma parte del expediente y puede servir para la acusación pública, por parte del Ministerio Fiscal, o para la particular que encarna ahora ya solo el Ayuntamiento de Marbella. 

El letrado Oliver Roales ha estado los seis últimos años trabajando en un proceso que se inició en 2003 en la Audiencia Nacional como consecuencia de la denuncia de dos concejales socialistas, según ha recordado Bernal, que se ha mantenido hasta ahora, a las puertas del juicio.

El abogado señaló que de los 140 millones que se piden como responsabilidad civil, 59 corresponden a malversación de caudales públicos y 91 a delitos contra la Seguridad Social. "En el año 2003, el Ayuntamiento tenía esa cantidad, unos 140 millones de euros, como presupuesto, por tanto solicitamos un año entero del funcionamiento del municipio, que es algo gravísimo", explicó Roales. 

"En nuestro escrito puede haber elementos interesantes para el resto de acusaciones que espero les sean útiles para el resto de acusaciones que se mantiene", añadió, al tiempo que lamentó no haber podido continuar adelante.