Ambos líderes socialistas ha señalado que gracias a las "presiones ejercidas" las medidas se tramitarán como proyecto de ley y amplían los parámetros que inicialmente estableció el Gobierno del PP y que dejaban fuera de las ayudas a los municipios de Ojén y Marbella.
La nueva tramitación y la ampliación de los parámetros es fruto de las reuniones que ambos dirigentes de la Costa han mantenido en los últimos días con los diputados Miguel Ángel Heredia, y con el portavoz socialista, de Medio Ambiente del Congreso, José Luis Ávalos Mecos.
Al mismo tiempo, esta petición fue trasladada al Parlamento andaluz, a través de José Bernal, quien instó al Gobierno a establecer nuevos parámetros de los previstos inicialmente, ante la gran catástrofe ambiental que produjo el incendio de la Costa del Sol.
Con las modificaciones aportadas por el PSOE, según se puso de manifiesto ayer en el Congreso, se amplía la superficie a efectos de declarar zona de actuación especial para la restauración forestal y medioambiental.
De este modo, se han variado los criterios para establecer las ayudas en relación a la superficie quemada, de tal forma que Marbella y Ojén entran en las ayudas que conforman los nuevos parámetros, no así con los previstos inicialmente.
Gómez y Bernal lamentaron nuevamente la actuación del PP malagueño y regional, ya que el propio Zoido visitó Ojén y Marbella para hablar sobre el decreto que estaba tramitando el Gobierno, cuando de haberse aprobado tal y como estaba elaborado, “estos municipios se hubieran quedado fuera de las ayudas”.
Esto supone, a su juicio, “un nuevo ejercicio de doble moral y de engaño a la ciudadanía”, señalaron.
Entre las medidas se establece un catálogo asistencial que incluye ayudas por daños personales, por daños materiales en viviendas habituales y enseres, ayudas a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, ganaderos o de servicios.
Al mismo tiempo, se establecen ayudas para personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales o de bienes y a las corporaciones locales que hayan afrontados gastos derivados de estas situaciones de emergencia.
Asimismo, se establece un plazo de dos meses, en lugar de uno, como suele ser habitual a estos efectos, para presentar las solicitudes de ayuda. Además, con la finalidad de agilizar su tramitación, la norma reduce el plazo para resolver el procedimiento de concesión por el Ministerio del Interior a tres meses en lugar de los seis habituales.
También destaca la posibilidad de la financiación de hasta el 50% del coste de las obras de reparación o restitución de todo tipo de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal de las mancomunidades y de la red viaria de las diputaciones provinciales, así como la tramitación de estas obras por el procedimiento de emergencia.
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