Esta petición, según Bernal, se une a otras ya realizadas en cuanto a los dudosos procedimientos de contratación del gobierno del PP en Marbella. En el último pleno, "y bajo la amenaza de un ERE en el Ayuntamiento, le mostré a Ángeles Muñoz 20 contrataciones realizadas en los últimos meses que han sido denunciadas en Magistratura y que antes habían pasado por el SERCLA sin acuerdo. Estas contrataciones se produjeron sin proceso selectivo, sin acudir a las bolsas de trabajo, y con la firma contraria de todos los miembros del Comité de Empresa. Además, muchos de estos contratos son de personas afines al PP, lo que deja claro que son claro ejemplo de enchufismo", declaró Bernal.
El también parlamentario andaluz ha querido dejar claro que pide esta documentación porque son "cientos los casos que han llegado al SERCLA bajo el mandato de Ángeles Muñoz, y ya que nos prohíben el acceso a las contrataciones y se nos niega documentación, como mínimo queremos conocer los casos denunciados en los últimos años porque son significativos de esos más de 500 contratos que ha realizado el PP en Marbella según han denunciado los sindicatos, y que es uno de los motivos de la situación económica actual".
Es una absoluta desconsideración el plantear despidos y recortes salariales cuando se está contratando en estos momentos a allegados del PP en el ayuntamiento, afirmó Bernal, quien señaló que "el culmen de la hipocresía de Ángeles Muñoz es decir que va a echar empleados públicos mientras contrata gente por la puerta de atrás sin ajustarse a lo reglado".
"Esta nochevieja", siguió el parlamentario, "cientos de familias de trabajadores vivirán con una gran incertidumbre sobre su futuro laboral, mientras el PP mantiene 60 cargos de confianzas y de libre designación, a los que sumamos las contrataciones sin procesos de selección".
El PSOE, además de esta documentación, ha pedido en los últimos meses otras como los contratos realizados en la legislatura del PP, la justificación de determinados pluses y complementos, las cuentas de empresas y de determinadas partidas del ayuntamiento o los acuerdos de privatización y externalización, así como de determinadas obras, información que no ha sido facilitada por el Ayuntamiento y que ha llevado al PSOE a seguir la vía judicial en determinados casos.