Bernal considera que “nos retrotraemos un año y dos meses atrás, con lo que ello implica”; al tiempo que puso de manifiesto que "para esto quería Ángeles Muñoz sacar a concurso la adjudicación externa del servicio jurídico", cuyo único fin, considera, era "ir en contra de los trabajadores a costa de los impuestos de todos los ciudadanos de Marbella y San Pedro”. Recordó además que esto tiene un coste de más de un millón de euros.
Al mimo tiempo, puso de manifiesto que la sentencia que hoy se ha conocido implica que queda anulado la aplicación del plan de ajuste, esto es, el actual calendario laboral de RSU, con 14 días de trabajo más al año; así como el de Policías y Bomberos.
Bernal ha lamentado que “las gravísimas consecuencias de la forma de gobernar de Ángeles Muñoz y Carlos Rubio las tengamos que pagar ahora todos”, y añadió que seguramente el Ayuntamiento prolongará la agonía al máximo y si cabe recurso lo hará “para seguir defendiéndose de lo indefendible, para que sean otros los que tengan que arreglar los asuntos en un futuro”.
Por su parte, el viceportavoz Ricardo López, exigió el cese inmediato de Carlos Rubio ya que “esto es la gota que colma el vaso”, y añadió que a lo largo de este tiempo el coordinador de Hacienda ha mantenido “un acoso absoluto” a los sindicatos que no le son afines.
López recordó que cuando este sindicato (UEPLA), junto a otros, intentaron entrar en la Mesa de Negociación, la alcaldesa de Marbella, a través del coordinador de Hacienda Carlos Rubio, llamó a la Policía Local para impedir su acceso, vulnerando con ello un derecho fundamental, tal y como queda recogido en la sentencia que hoy se ha dado a conocer.
De hecho, dio cuenta de varios decretos en los que se abre expediente disciplinario a los representantes sindicales que quisieron entrar en la Mesa de Negociación, llegando incluso a suspender de empleo y sueldo a una representante por llamarle “sinvergüenza”.
“No es que Carlos Rubio no tenga vergüenza, es que no sabe lo que es eso”, señaló López, quien exigió explicaciones sobre cómo va a proceder el Ayuntamiento a partir de ahora, ya que vulnerar un derecho fundamental reconocido en la Constitución es propio de periodos dictatoriales que “pese a que algunos los echen de menos, no tienen razón de ser en la sociedad actual”.
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