El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con Guardia Civil, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción ilegal en España, entre otras sustancias, de toxina botulínica (botox), en distintas provincias, entre ellas Málaga. Se ha producido un registro en San Pedro Alcántara.
Este grupo criminal se dedicaba a la importación, almacenamiento y distribución de medicamentos y productos sanitarios ilegales relacionados específicamente con la medicina estética.
Entre los compradores de estas sustancias se encontraban diversas clínicas de estética legalmente establecidas y otras clandestinas, además de personas que ejercían este tipo de labores de medicina sin titulación oficial.
En total, cuatro personas han sido detenidas y 41 investigadas por 53 delitos contra la salud pública, estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal.
En el marco de la operación ‘Botul/Kalopsia’, se han llevado a cabo actuaciones en las provincias de Alicante, Málaga, Madrid, Cádiz, Murcia, Córdoba y Sevilla.
Se han aprehendido grandes cantidades de medicamentos y productos sanitarios ilegales procedentes principalmente de Corea, así como material para su acondicionamiento, almacenamiento y distribución.
La investigación se inició en 2023, a raíz de una serie de informaciones recabadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con relación a la existencia de diversas clínicas clandestinas dedicadas a la realización de tratamientos e intervenciones propias de la medicina estética.
Según la información facilitada en nota de prensa, se ofertaban a través de redes sociales este tipo de tratamientos médicos por personas sin la debida titulación.
De manera paralela, la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana de Sevilla venía realizando en el aeropuerto de Sevilla un número importante de aprehensiones de medicamentos y productos sanitarios ilegales, procedentes principalmente de la República de Corea, cuyos destinatarios finales estaban directa o indirectamente relacionados con la medicina estética.
Estos medicamentos y productos sanitarios no autorizados en España, que solían ser ofertados a través de las páginas web de diversas empresas coreanas del sector farmacéutico, tenían entrada de forma camuflada en el territorio nacional, normalmente amparados por falsas declaraciones de contenido, para dificultar su detección.
Posteriormente, eran almacenados por los miembros de la organización criminal, quienes, tras realizar la oportuna publicidad de los mismos, los distribuían a clínicas clandestinas y personal no titulado para realizar estas intervenciones propias de médicos especializados en medicina estética.
La actividad de los proveedores no se circunscribía únicamente al territorio nacional, ya que también se detectaron envíos de los citados productos a Portugal, además de contar con una red de personas y cuentas bancarias ubicadas en distintos países para la ocultación de los beneficios que la organización criminal obtenía con su actividad ilícita.
Durante la fase de explotación de la investigación se han realizado cuatro registros domiciliarios, concretamente en San Pedro Alcántara, Torrevieja (Alicante) y Cartagena (Murcia).
Así como 24 inspecciones en clínicas y establecimientos clandestinos en las provincias de Cádiz, Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Alicante, en las que se han llevado a cabo 40 aprehensiones de medicamentos y productos sanitarios ilegales.
En estas actuaciones, cuatro personas han sido detenidas y 41 investigadas, a los que se les imputan en total 53 delitos contra la salud pública, estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal.
Dentro de los medicamentos ilegales aprehendidos en estas actuaciones, hay que resaltar 700 viales de toxina botulínica, 275 viales de hialuronidasa, más de 200 envases de lidocaína.
También más de un millar de jeringuillas precargadas de ácido hialurónico, hilos tensores y maquinaria específica como centrifugadoras para la realización de tratamientos de plasma rico en plaquetas.
Todo ello sin la trazabilidad, calidad y conservación exigida para los productos oficiales y por tanto sin la seguridad de que el contenido sea el que figura en las etiquetas.
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