Según ha podido conocer Marbella24horas, el citado informe, que fue aprobado el pasado martes por la Junta de Gobierno Local para que se ponga en manos de la asesoría externa, habla de cuatro presuntos delitos.
La contratación irregular de cargos de confianza por parte del PP en el Ayuntamiento de Marbella, según sentencias de los juzgados de lo Social, ya muchas de ellas firmes, arrojaría indicios de
prevaricación,
malversación y
administración desleal.
A ellos, se le sumaría un cuarto, menos conocido, como es el delito de
negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
El castigo sería dispar y pasaría desde las penas de inhabilitación para empleo o cargo público hasta incluso las de prisión.
Así se desprende del análisis de los casos que han ido ganando para conseguir su readmisión como personal laboral indefinido las personas contratadas como alta dirección en los mandatos de Ángeles Muñoz.
El informe, como ya se explicó la semana pasada, señala directamente a la exalcaldesa, que fue quien firmó los contratos, ya que estaba al frente de las sociedades municipales o los Órganos Autónomos Locales (Oales), que es donde se realizaron.
El delito del que se considera existen más indicios es el de prevaricación, o lo que se podría traducir como haber "enchufado" a los cargos de confianza al no cumplirse los requisitos de idoneidad, mérito y capacidad, ni los de publicidad y concurrencia, según el citado informe.
Prevaricación: el caso del alcalde del GIL en La Línea
En ese sentido, el equipo de gobierno cuenta con jurisprudencia que avalaría sus tesis. Se trata de la condena firme que recayó sobre el alcalde del GIL en el Ayuntamiento de La Línea en 1999, Juan Carlos Juárez.
En mayo de 2012, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia contra el regidor y los concejales Manuel Aguilera y Alfonso González Carbonell. Los tres fueron condenados por prevaricación a siete años de inhabilitación por el llamado "caso de los contratos".
Se consideró probado que el gobierno municipal que presidía Juárez contrató a nueve personas sin anuncio público o selección alguna “solo por ser miembros del GIL, e incluso algunos de ellos que se habían presentado en las listas del partido y no habían sido elegidos”.
El Supremo corroboró que los contratos se habían realizado “sin oferta oficial que pudiera llegar a conocimiento de todos los habitantes del municipio”, es decir, sin un “sistema para valorar las aptitudes para el puesto".
Sin embargo, se empleó un “aparente procedimiento selectivo” para justificar “de manera torticera y arbitraria” la contratación de los trabajadores, cuyo único mérito conocido era ser “correligionarios” de los acusados en el GIL.
Una situación, que según las fuentes consultadas por este digital, podría tener similitudes a lo ocurrido en Marbella y que se ha puesto de manifiesto por las demandas de los cargos de confianza de Ángeles Muñoz para quedarse en el Ayuntamiento, algo que muchos han conseguido.
Por tanto, esta estrategia podría volverse contra la exregidora, ya que estas personas, con sus demandas, la han podido colocar en una situación muy complicada ante la justicia.
Otros delitos
Además, existirían indicios de administración desleal, un delito relativamente nuevo, que tiene que ver con las personas que están al frente de sociedades, que en este caso serían las empresas municipales y los Oales.
Unido a él, surge el de malversación si se comprobara que se ha producido un daño patrimonial, que podría acarrear penas de prisión.
El delito sobre las negociaciones prohibidas a funcionarios se refiere a la firma de contratos por parte de autoridades públicas que "se aprovecharan de tal circunstancia para facilitar cualquier forma de participación en tales negocios o actuaciones".
Estaría relacionado con los concursos que no se habrían producido para contratar al citado personal de alta dirección.
Estos son los indicios que marca el informe del que ya se puede denominar como "caso de los cargos de confianza" de Ángeles Muñoz y que ahora deberá valorar la asesoría penalista del Ayuntamiento para proceder ante los tribunales.
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