Monterroso ha defendido la necesidad de convocar este órgano para revisar algunos aspectos de la concesión, como las cláusulas del contrato, la utilización que hace la adjudicataria del agua que extrae de los 28 pozos municipales, patrimonio de los vecinos y que factura como se fuera agua comercial, y la desalación, prestación que la adjudicataria no ofrece pero sí cobra.
El concejal ha añadido que habría que fiscalizar el canon que paga la concesionaria por gestionar el agua potable. Monterroso ha explicado que en ciudades de similar tamaño que Marbella, las adjudicatarias pagan un canon superior. Es el caso de Jerez, localidad en la que privatizar el suministro durante 25 años reportará al municipio 80 millones, mientras que en Marbella, la concesionaria pagará 8 por gestionar el servicio 39 años.
El concejal ha argumentado además la necesidad de revisar las inversiones a las que se destinan las anualidades de la concesionaria. Con los 800.000 euros que la empresa destina este año a obras públicas solo se acometerá una actuación, las que supondrán las reformas para peatonalizar la calle Miguel Cano.
“Peatonalizar, sí, pero no a costa de invertir en un proyecto todo el dinero que presumiblemente habría que dedicar a barrios y a déficits históricos de los cascos urbanos de los cuatro distritos municipales”, ha apuntado Monterroso, que ha añadido que “para el equipo de gobierno, los barrios solo quedan para acudir a ellos cada cuatro y pedir el voto. Más allá del periodo electoral, las prioridades se invierten”.
El concejal ha señalado que la oposición del ejecutivo municipal a convocar la comisión de seguimiento y a abordar el asunto en sesión plenaria supone “favorecer la opacidad y el oscurantismo en la gestión municipal” y ha destacado que la medida “va en contra de la transparencia de la que cacarea el PP”. “Es gobernar en contra de la ciudadanía, cuyos intereses tienen que estar por encima de los particulares de las empresas, por muy legítimos que sean”, ha añadido.
Monterroso ha abogado por emprender acciones alternativas a las sesiones plenarias, de las que ha dicho que ya no expresan el interés de los vecinos, para pulsar si las decisiones de los órganos del gobierno municipal cuentan con el apoyo mayoritario de la ciudadanía.
“En el caso del precio del agua y de todo lo que rodea la concesión de su suministro, cabe suponer que no”, ha zanjado el edil, que, junto al concejal Miguel Díaz, acaban de concluir una campaña organizada por distintos puntos del municipio en la que informaban a los vecinos de las razones por las que el precio del agua ha subido entre 2011 y 2012 y lo seguirá haciendo en 2013.
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