En su propuesta, rechazada por el Ejecutivo local antes incluso de que llegara a la Comisión, los concejales instaban a la corporación a expresar su rechazo a la ley, que conllevará, han señalado, un deterioro de las funciones que el Estatuto de Autonomía de Andalucía reserva al Ayuntamiento. Los concejales solicitaban además elevar al Gobierno central, autor de la reforma, un escrito para exigirle que cualquier modificación que afecte al Consistorio deberá contar con la aprobación de la entidad local.
También urgían a la Administración central a que convocara la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para que adoptara medidas para solucionar las principales deficiencias de las administraciones municipales; la insuficiencia financiera y la ambigüedad de sus competencias. Los ediles también se mostraban partidarios de que el equipo de Gobierno, y por ende el Consistorio, formara parte de cuantos foros, plataformas y convocatorias en defensa del municipalismo se celebren para alcanzar los objetivos propuestos.
El rechazo de la moción, han apuntado los concejales, evidencia la falta de consideración que el Ejecutivo local tiene respecto a una institución fundamental para el bienestar de los vecinos, ya que el Ayuntamiento es la administración más próxima a los ciudadanos y la primera a la que acuden para solventar sus necesidades. También evidencia la falta de respeto del Ejecutivo local a la democracia, pues la LRBL anulará a las Corporaciones municipales en la toma de decisiones políticas de relevancia.
"Se disminuirán y vaciarán las competencias del Ayuntamiento, cuyas funciones desarrollarán administraciones que los vecinos no eligen de forma directa, como las Diputaciones. Se eliminarán las Entidades Locales Autónomas, que facilitan la prestación de servicios a los ciudadanos. Parte de estos servicios se privatizarán. Dejarán de ser derechos para los vecinos y se prestarán en función de indicadores de calidad que solo tendrán en cuenta aspectos financieros o de rentabilidad económica. Otros servicios, como la promoción de viviendas, salud, medio ambiente o educación, se suprimirán y el Consistorio perderá los últimos resortes que mantiene para reactivar la economía local", ha señalado Monterroso.
Con la ley "los vecinos no solo verán mermados los servicios que reciben del Consistorio, también se degradarán las prestaciones que ofrece la Mancomunidad de Municipios, cuya continuidad pone en solfa la reforma del Gobierno central, en beneficio de las Diputaciones Provinciales, entes más alejados de la realidad de la comarca". "La ley esconde en la práctica dar rango legal a los recortes en los servicios públicos del PP", ha añadido Díaz.
Los concejales han destacado el hecho de que la reforma contemple la aplicación de "indicadores de calidad" para determinar la prestación de servicios públicos, iniciativa que pretende que el Ayuntamiento solo ofrezca aquellas prestaciones que sean rentables económicamente, pero no socialmente. "Las cuentas de resultados serán más importantes que los derechos de los vecinos", ha vaticinado Díaz.
En oposición a la propuesta recentralizadora y jerárquica del PP, Monterroso ha recordado que IU apuesta por un modelo de Estado en el que las competencias de los tres niveles de toma de decisiones, central, autonómico y local, queden perfectamente delimitadas y con la solvencia económica garantizada. Esta fórmula, ha apuntado, aumenta la capacidad de intervención del ciudadano en el ámbito local, lo que equivale a fortalecer una democracia que se base en la participación política del individuo y no en su representación por terceros.
Para ello "es necesario blindar las entidades menores, las más frágiles, pero al mismo tiempo las más necesarias. Apostamos por la consolidación de la Mancomunidad en lugar de la Diputación, de la comarca en vez de la provincia y, por supuesto, del Ayuntamiento, clave de sol para la participación vecinal en la política", ha concluido.
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