De los 202 millones que recogen las cuentas para este año, 140 los aportarán los ciudadanos. Unos 106 millones procederán del IBI que se aplica a los inmuebles ubicados en zonas urbanas, lo que contrasta con la falta de contribución del IBI que recae sobre las propiedades en áreas rústicas e inmuebles especiales, como el pantano de La Concepción o la autopista A-7.
Los servicios más perjudicados por la distribución que el Equipo de Gobierno del PP ha hecho de los presupuestos serán los de mayor contenido social, precisamente aquellos que más hay que dotar en estos momentos de crisis. “No se podrá atender a una demanda creciente de personas afectadas por el paro y la recesión”, han señalado los ediles, justamente el día que se conoce que Marbella fue el único municipio de la Costa del Sol Occidental en el que el desempleo creció en febrero.
Una parte importante de las cuentas locales irá destinada a hacer frente a la deuda con otras administraciones públicas, especialmente con la Seguridad Social y Hacienda, que gestiona la Administración Central, y a la que se le deben 270 millones de euros de los 425 a que asciende la deuda total.
Los ediles han puesto el énfasis en que la deuda con ambos organismos estatales ha aumentado hasta los 194 millones debido a los intereses que el Ejecutivo local no contabilizó en ejercicios anteriores. “Mucho ha aireado la alcaldesa el acuerdo que alcanzó con el Gobierno central para mejorar los términos de devolución de la deuda y, sin embargo, deberemos pagarle 12 millones más con los que no se contaba hasta ahora. El Estado no ha perdonado un solo euro de los intereses de los años en que hemos estado sin pagar”, ha señalado el Monterroso.
Las cuentas, ha apuntado el edil, tampoco garantizan la viabilidad presupuestaria de los empleados municipales a partir del 2014, a pesar del sacrificio a los que se someterá a los ciudadanos, cuyo poder adquisitivo se verá reducido con los presupuestos que ha confeccionado el Equipo de Gobierno.
Los ediles han calificado los presupuestos de “regresivos, contrarios a la ciudadanía y condescendientes con los grandes intereses”, pues serán los vecinos los que, a través de incrementos de impuestos, como la subida del 2,7 por ciento de las tasas municipales que entró en vigor el 1 de enero, y del recorte de servicios básicos, financien el pago de una deuda que no generaron.
"Una vez más, los presupuestos se han hecho con la Ley del Embudo: anchos para unos pocos, los que más capacidad tienen para salir indemnes de la crisis, y estrechos para la mayoría. El Ejecutivo local aplica las recetas del Gobierno central como quiere; sube los impuestos, pero no reduce los complementos salariales de la clase dirigente local”, ha resumido Monterroso.