“IU mantienen fundadas dudas sobre la legalidad de la contratación de la empresa externa para el estudio en marcha”, ha señalado Díaz. El edil ha mostrado su preocupación por que el estudio sirva de coartada para que el PP consuma sus verdaderas intenciones en materia de personal, “que son más recortes, la eliminación de derechos laborales o incluso medidas más traumáticas al amparo de la reforma laboral y los recientes decretos formulados por el gobierno de Rajoy que permiten Expedientes de Regulación de Empleo en la administración pública”.
El edil ha añadido que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, no ha escatimado tiempo en poner a disposición de la auditora instalaciones en las dependencias municipales para realizar el estudio. La “desorbitada e injustificada cantidad”, ha apuntado el edil, se une a los 280.000 euros que la regidora ha empleado en otro estudio sobre la plantilla y una valoración de los puestos de trabajo del Consistorio que “está en el cajón”.
“El Ayuntamiento ha gastado 360.000 euros indebidamente en estudios sobre los empleados sin fundamento alguno, con lo que, en lugar de obtener los pretendidos ahorros en el gasto municipal, lo que provoca el PP es un constante despilfarro”, ha explicado Díaz, que ha añadido que el equipo de gobierno se ve en la obligación de recurrir a estos estudios por su mala gestión económica que ha obligado a emprender un plan de ajuste tras el déficit de 19 millones que se han detectado en las cuentas municipales de 2011.
Díaz ha recordado que cualquier modificación en la situación de la plantilla municipal debe contar con la participación de los representantes de los empleados y ha reiterado su apuesta por la dignificación de las condiciones laborales y los derechos de los empleados públicos.
Estas críticas han tenido respuesta desde el equipo de Gobierno, a través del coordinador de Hacienda y Personal, Carlos Rubio, quien ha criticado el desconocimiento que demuestra IU de la estructura municipal y le ha recordado que hay tres entidades jurídicas distintas –el Ayuntamiento, los organismos autónomos locales y las sociedades municipales- “que se están estudiando de manera independiente” para la elaboración del plan de ajuste.
“En ningún caso se ha fraccionado ninguna contratación, lo que ha habido ha sido contrataciones independientes para cada una de estas entidades jurídicas que tienen problemáticas diferentes y estatutos jurídicos distintos”, ha señalado.
Rubio ha recordado que, como consecuencia de la liquidación del ejercicio de 2011, el Ejecutivo local tiene la obligación de hacer un plan de ajuste “viable, efectivo y realista” que, como ha subrayado, “permita al Ayuntamiento superar la difícil situación económica que propiciaron anteriores corporaciones”.
Para ello, se está estudiando la estructura organizativa del Ayuntamiento, de los organismo autónomos locales y de las sociedades municipales, a través de una empresa especializada “con el objetivo de obtener los datos más fiables sobre cómo se pueden llevar a cabo reorganizaciones y medidas de ajuste y, a partir de ahí, elaborar un plan que garantice la viabilidad”.
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