La iniciativa, que los ediles presentarán en pleno, permitiría mejorar las vías de acceso a estos inmuebles, ya que las impuestas por el ejecutivo local son "excesivas e insuperables" para los vecinos que se quieren beneficiar de la medida.
La fórmula que plantea IU, ha señalado Monterroso, facilitaría el acceso a la vivienda en régimen de arrendamiento. Pasado un tiempo, los inquilinos podrían comprar el inmueble si sus condiciones socio-económicas mejoran. En ese caso, se les descontaría del precio la cuantía que hubieran desembolsado en concepto de alquiler.
La propuesta que promueve IU está avalada por un estudio elaborado por la Junta de Andalucía con datos obtenidos de hasta 70.000 solicitantes de Viviendas de Protección Pública y que señalan que el alquiler con derecho a compra es la opción que mejor se adapta a sus condiciones económicas.
El concejal ha recordado que la mayor parte de los vecinos del municipio a los que les ha tocado en suerte algunas de estas "escasas" viviendas de carácter público se ha visto obligada a renunciar a los pisos al no poder hacer frente a las "exigencias impuestas por el ejecutivo local".
“No pueden ni pagar la entrada y mucho menos la carga de la hipoteca subsiguiente”, ha añadido el concejal. Monterroso ha reiterado que IU apuesta por que sean las administraciones públicas las que garanticen el 100% de la financiación del inmueble teniendo en cuenta el carácter social de los pisos y el perfil de los demandantes.
Díaz ha explicado que un informe elaborado por la Junta señala que la mayor parte de la demanda de estos inmuebles está formada por jóvenes que viven en familia, con ingresos inferiores a los 19.000 euros brutos al año y que se han visto seriamente afectados por la crisis económica y los ajustes emprendidos por el Gobierno central.
En el caso de Marbella, la situación de los potenciales beneficiarios se agrava aún más debido a los "recortes del ejecutivo local, la subida de las tasas municipales que entró en vigor el 1 de enero, la alta tasa de paro, que ronda los 17.000 desempleados, y a que el Equipo de Gobierno cobró a las promotoras el terreno sobre el que construyeron las viviendas, lo que ha hecho encarecer el precio de venta". Esta acción contrasta con la parcela que el ejecutivo local regaló a un colectivo religioso para que edifique un templo, señalan desde IU.
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