En concreto, han apuntado los concejales, unos 20 metros cuadrados de superficie de uno de los chalets ubicados en la zona oeste del complejo residencial, que incluyen un porche en planta baja y terraza en planta alta, y parte de una piscina de 60 metros cuadrados de extensión se han construido sobre unos terrenos que, según el PGOU, están calificados como Parques y Jardines pertenecientes al Sistema de Espacios Libres en la zona este del Pantano Viejo de El Ángel.
A pesar de la ilegalidad en la que incurre la urbanización, el equipo de Gobierno ha concedido la licencia de Primera Ocupación a todas las viviendas y ha dado el visto bueno a la piscina. El gobierno local ha alegado que la vivienda y la piscina se encuentran fuera de ordenación ya que, a pesar de estar construidas en zona pública y verde, se ajustan a la licencia de obras que se concedió en su momento.
"Esta situación ventajosa de estar fuera de ordenación permite a sus propietarios seguir disfrutando del suelo público. A cambio de privatizar parcelas que pertenecen a todos los vecinos, los propietarios solo reciben unas discretas advertencias en el registro de la propiedad", ha explicado Monterroso.
La complicidad del ejecutivo local en la irregularidad permite a los titulares de la vivienda acometer obras para cerrar el conjunto de la urbanización y privatizar así una zona vede pública. "Pueden realizar cuantas obras de reparación y conservación precisen. Incluso pueden acometer obras parciales y circunstanciales de consolidación del complejo urbanístico", ha apuntado Díaz.
El PP legaliza de facto así una ocupación y privatización de suelo público en una parte de la zona de la ribera del Pantano Viejo. "El Gobierno local siempre hace interpretaciones generosas y laxas de la legislación urbanística cuando se trata de beneficiar a propietarios privados. Sin embargo, no articula medidas para recuperar los suelos públicos ocupados ni para eliminar los cerramientos que realizan sus okupas y que permitirían el uso y disfrute de los terrenos por parte de todos los vecinos", ha señalado Monterroso.
La infracción del PP guarda gran paralelismo con la que perpetró hace algunos meses con la legalización de un conjunto de viviendas en la urbanización Río Real Playa que ocupa suelo calificado como libre en el frente litoral, que afecta a un yacimiento fenicio y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la declaró nulas en una sentencia en la que destacó el incremento del lucro del promotor.
"El urbanismo del municipio se sigue haciendo a la carta. Beneficia a los promotores y perjudica a los vecinos, que ven reducidos los suelos públicos. Es la misma política de Gil, Roca o Muñoz", ha concluido Díaz.
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