El procedimiento al que ha recurrido el PP para dar de alta a estos cargos, cuyas nóminas se disparan hasta los 54.000 euros anuales y que se suman a otros ocho que ya existen, "ha carecido" de las mínimas normas de publicidad, concurrencia y transparencia a que están obligadas las Administraciones Públicas en su forma de actuar.
El concurso se ha resuelto en un plazo de 72 horas contando un fin de semana, por lo que dos de los tres días del proceso eran inhábiles. La única condición para optar a las plazas era ser funcionario o acreditar competencia profesional, requisitos “ridículos” para desempeñar un cargo público en una Administración Pública como el Consistorio.
Desde IU denuncian que no se ha permitido la concurrencia al habilitar un periodo tan breve que imposibilitó a personas con el perfil requerido optar a los cargos y se ha limitado la publicidad del concurso, pues la convocatoria solo se publicó en un tablón de anuncios de la primera planta del Ayuntamiento.
“Era un lugar recóndito, prácticamente inaccesible para los interesados”, ha señalado Monterroso. Todas estas irregularidades, ha añadido Díaz, inducen a pensar en la posibilidad de que ambas plazas estuvieran creadas “a medida” para los beneficiarios.
Las "numerosas irregularidades" en las que ha incurrido el Equipo de Gobierno en la tramitación del concurso inducen a plantear la posibilidad de que ambas plazas estuvieran creadas y dotadas con partidas presupuestarias, ha añadido Díaz.
“Estaremos ante un caso de falta grave a la legalidad si se confirman estos extremos”, ha añadido el edil, que ha recordado que es competencia del pleno abordar los asuntos vinculados con la creación de plazas laborales, trámite que no se ha satisfecho.
Las "tretas" del ejecutivo local han provocado que los nombramientos "no se hayan justificado adecuadamente" como recoge la Ley, sino que se hayan "urdido para encontrar acomodo" a los dos concejales que, sin haber recabado el respaldo de los vecinos en las urnas, la alcaldesa "colocó" en el ejecutivo local, violando así de forma fragante el proceso por el cual se rigen los gobiernos de las ciudades más pobladas, tal como el Tribunal Constitucional puso de manifiesto hace escasos días.
La sentencia de la Sala obligó a la regidora a retractarse de su "ardid" y a cesar a ambos concejales. Sin embargo, la maniobra de la alcaldesa posibilitará que los ediles continúen desempeñando sus funciones, lo que colisiona frontalmente con el espíritu de la sentencia del Tribunal.
La alcaldesa, han apuntado los ediles, no ha hecho público las condiciones de ambos contratos, lo que lleva a sospechar que sus duraciones sean indefinidas, ya que no son cargos eventuales.
Esto obligará a la futura Corporación que surja en el próximo mandato "tras la derrota del PP" a destinar gran parte de los maltrechos recursos económicos municipales a abonar "cuantiosas indemnizaciones", lo que incrementará aún más la deuda que está generando el ejecutivo local con su "nefasta gestión".
Respuesta
El Equipo de Gobierno ha asegurado que la selección de los dos directores generales por parte del Ayuntamiento "ha contado con las garantías de los principios de la publicidad, concurrencia y transparencia como marca la ley".
La convocatoria se publicó en la página web y en el tablón de anuncios del Consistorio el pasado jueves y se ha resuelto el martes por lo que ha habido tres días hábiles (viernes, sábado y lunes) para presentar las solicitudes a estos órganos directivos.
Además, los requisitos exigidos para estos cargos “no los impone el Ayuntamiento, sino la propia Ley de Bases de Régimen Local que establece que pueden ser directores generales los funcionarios o profesionales de cualificada experiencia”.
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