Los ediles han advertido de que se trata de una obligación real, por lo que, han señalado, es imprescindible adoptar las medidas necesarias para adecuarse a la norma antes de que entre en vigor.
Díaz ha recordado que fue el ejecutivo local, del PP, el que dio a Aquagest la explotación del saneamiento, lo que supuso someter a los vecinos a más impuestos. La relación entre el PP y la concesionaria, ha añadido, trasciende la que una Administración Pública tiene con una adjudicataria, ya que desde que se le asignó la explotación del servicio, Aquagest se ha visto beneficiada con subidas de tarifas, cambios en los tramos de consumo del agua para encarecerla o la cesión de terrenos municipales para sus intereses privados.
“Ya es hora de que, al menos por una vez, la alcaldesa se ponga del lado de los ciudadanos y obligue a Aquagest a pagar la adaptación de los contenedores”, ha apuntado.
Los ediles han pedido que, tal como marca la ley, sea la concesionaria que se lucra con el suministro de un bien tan esencial como el agua la que asuma el coste de la iniciativa y ofrezca de forma interesada a los usuarios asesoramiento, información, gestión, medios técnicos y personal especializado para facilitarles el trámite, como ocurre en muchos otros ayuntamientos.
Monterroso ha recordado que la ley avala al Ayuntamiento para acometer la iniciativa y obligar a Aquagest. La legislación permite al equipo de gobierno modificar los servicios que presta la adjudicataria y las tarifas que pagan los vecinos por “razones de interés público”. “De no realizar la campaña, ya sabremos de qué parte se coloca el equipo de gobierno. Del de los intereses generales de los vecinos, no”, ha apuntado el concejal.
Además, una normativa de la Junta de Andalucía contempla que los usuarios tienen derecho de disponer de contadores “homologados y verificados para la medición de sus consumos” y que estos los tendrán que instalar “las entidades suministradoras a su costa”. El Plan General de Ordenación Urbana destaca también la necesidad de “promover la sustitución de contadores generales por individuales”.