Respecto a los aparcamientos que se construyen en el subsuelo, el edil ha instado al equipo de gobierno a que también tengan un uso público, independientemente de que se dediquen para el estacionamiento de los residentes de la zona o en rotación.
Díaz ha exigido al equipo de gobierno que, al menos por una vez, se pronuncie de forma clara sobre el futuro de la infraestructura y no con la ambigüedad con la que abordó el asunto en la última sesión plenaria.
“Nosotros nos manifestamos claramente sobre nuestra postura acerca de la parcela. No aceptaremos ningún modelo de gestión que suponga la intervención del sector privado. Si el equipo de gobierno no tiene nada que esconder, que se pronuncie sin medias tintas”, ha señalado.
El edil ha recordado que se trata de una parcela que la Junta de Andalucía cedió al Ayuntamiento con la condición de que garantizara su uso deportivo y que los vecinos pudieran seguir disfrutándola. El terreno, sin embargo, fue objeto de los desmanes urbanísticos que comenzaron con el GIL y que prosiguieron con el PP, formación esta última que en innumerables ocasiones ha cedido la propiedad de la finca a empresas privadas, la mayoría grupos de inversión o urbanísticos, y algunas imputadas en el Caso Malaya.
Las movilizaciones de los vecinos, ha añadido el concejal, impidieron que los megaproyectos urbanísticos que urdía el GIL en la finca se perpetraran.
Díaz ha exigido al ejecutivo local a que atienda por una vez las expectativas de los vecinos y garantice la gestión y el uso público del terreno. “No consentiremos que el equipo de Gobierno permita la instalación de un negocio en la parcela, de empresas que utilicen un bien público para lucrarse con el equipamiento que se construya en la superficie y con el aparcamiento del subsuelo. Tiene que garantizar el uso deportivo para todo el mundo”, ha concluido.
El edil ha señalado que el municipio ya cuenta con demasiados equipamientos construidos con fondos públicos o en suelo público y gestionados por empresas privadas. Entre ellos destaca las piscinas de Miraflores y Fuentenueva, infraestructuras que acumulan años de retraso pero cuya explotación el equipo de Gobierno se ha apresurado a ceder a sociedades privadas.
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