Los concejales han señalado que las naves se encuentran en un grave estado de degradación, de seguridad y de salubridad. “Las ruinas son el refugio de consumidores de sustancias estupefaciente. Se encuentran a escasos 20 metros de un colegio en el que estudian unos 500 alumnos. Además, se acumulan enseres deteriorados, escombros, basuras orgánicas y roedores que pueden propagar todo tipo de enfermedades”, ha señalado Monterroso, que ha explicado que el terreno ocupa casi 33.000 metros cuadrados de superficie y tiene una edificabilidad máxima de más de 24.000 metros cuadrados.
Díaz ha recordado que, a pesar de que las ruinas son de titularidad privada, la legalidad faculta al Equipo de Gobierno para demoler la estructura. El PGOU, ha señalado, obliga a los propietarios a mantener el buen estado y la seguridad de los elementos arquitectónicos del inmueble. De no acatar la norma, añade el PGOU, el Ayuntamiento está habilitado para imponer a los titulares actuaciones de mejora de conservación o reformas.
También la normativa autonómica habilita al Consistorio para declarar la estructura como una ruina urbanística y proceder a su demolición. “A pesar de las numerosas promesas que hizo la alcaldesa para mejorar Plaza de Toros, la barriada está peor que hace seis años. El estado en que se encuentran estas ruinas, que suponen un foco de peligro para los vecinos de la zona, es el mejor ejemplo. Se les prometió mucho y no han cumplido nada”, ha añadido el concejal.
Díaz también ha lamentado la deplorable imagen que ofrecen las ruinas a todos aquellos turistas que acceden a la localidad a través de la carretera de Ojén o la A-7. “El nombre de Marbella no puede verse dañado por la presencia de escombros como estos”, ha apuntado.
Los concejales, que han comenzado a repartir cartas entre los residentes para explicarles las propuestas, han planteado abrir un marco de consulta con los vecinos de la barriada, los principales afectados por tantos años de promesas incumplidas de la regidora, para que sean ellos los que decidan qué utilidad se le da a la futura parcela, de unos 18.000 metros cuadrados de equipamiento público, una vez que las ruinas se demuelan.
También han propuesto la necesidad de contar con los pequeños y medianos empresarios de los alrededores de los escombros para aportar ideas que permitan emplear la parcela para el desarrollo económico de la zona y reducir así el elevado paro que afecta al municipio, especialmente en Plaza de Toros.
Díaz ha pedido que, de forma previa a la demolición, se lleve a cabo una intervención social para prestar ayuda laboral y sanitaria a las personas que ocupan el edificio.
Monterroso ha señalado que la recuperación del terreno tiene que ser la primera iniciativa para iniciar un plan integral de mejora de la barriada, que contrasta con las zonas “esculpidas” de otras partes del municipio. “Los vecinos de Plaza de Toros pagan sus impuestos como los que más, pero no ven recompensado el gran esfuerzo fiscal que impone el Equipo de Gobierno, ya que la barriada está abandonada desde hace años”, ha criticado.
Desde el Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, ha informado de que “inminentemente” se aprobará de forma definitiva el estudio detalle de los terrenos, “lo que permitirá el desarrollo, posterior, de estos suelos según marca el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)”.