Nuevo escándalo en materia urbanística el que ha salpicado este lunes a la alcaldesa de Marbella, el segundo en muy poco tiempo y con su familia de nuevo implicada en obras ilegales en viviendas de su propiedad.
El periodista
Joaquín Castellón ha destapado hoy en el
programa "Al Rojo Vivo" de Antonio García Ferreras en La Sexta toda una serie de documentos que ponen de nuevo la mirada sobre Ángeles Muñoz.
Según ha explicado, el Ayuntamiento de Marbella
ha dejado caducar un expediente urbanístico contra
un sobrino de la regidora, hijo de un hermano de su marido.
No le han
notificado las últimas resoluciones, por lo que el procedimiento ha caducado y llegado a su fin
sin ningún tipo de consecuencias para él.
Las obras se detectaron a
comienzos de 2015 y en julio de 2022 se archivó definitivamente sin multa, que podría haber alcanzado
los 82.000 euros, ni restablecimiento de la legalidad.
Por tanto, la vivienda, situada en la
urbanización Villas y Golf, en Guadalmina Alta, en San Pedro Alcántara, a día de hoy sigue igual tras la "reforma general" realizada sin licencia.
Marbella24horas ha tenido acceso a la documentación que acredita todo el proceso destapado hoy por La Sexta y en el que vuelve a aparecer la figura de la concejala de Urbanismo,
Francisca Caracuel.
La
cronología de los hechos, según esos papeles oficiales, es la siguiente.
El
22 de enero de 2015 se levantó un acta de inspección en la vivienda por estar haciendo obras sin licencia.
En
marzo de 2015 se notifica la paralización de la obra, pero se comprueba que ya están finalizadas.
En
noviembre de 2015 se declara nulo el Plan General de 2010 y el expediente se cierra para reabrirse conforme al PGOU de 1986.
En
mayo de 2017, con el gobierno tripartito, se pide un informe técnico actualizado al PGOU 86 en el que se concluye que las obras
no son legalizables y se insta a que se acometa la demolición.
El sobrino de Ángeles Muñoz presenta un recurso el
30 de mayo de 2019, ya con su tía de nuevo como alcaldesa, y se le admite la petición de no echar abajo la obra, pero sí
debería legalizarla.
En el expediente abierto existen
dos procedimientos distintos. Por un lado, el de restablecimiento de la legalidad y, por otro, el sancionador con una multa.
En este último, se tipifica como grave la infracción urbanística y se propone
entre 62.215,77 y 82.954,36 euros de multa.
El
20 de enero de 2020, la concejala Francisca Caracuel firma un decreto en el que se acuerda la
caducidad del expediente sancionador al no haberse comunicado la resolución y haber pasado un año.
Esta parte, además, queda archivada al considerarse
prescrita por haber transcurrido al menos cuatro años.
El
13 de julio de 2022, Caracuel firma un nuevo decreto en el que se da por caducado, por el mismo motivo, el procedimiento legalizador.
En ese mismo documento, se
archiva ya todo el expediente al completo por prescripción al haber transcurrido más de seis años desde la finalización de las obras.
Así, unas obras declaradas ilegales, quedan sin ningún tipo de repercusión para el sobrino de la alcaldesa, y ya no se puede hacer nada.
Se da la circunstancia de que al familiar de Muñoz sí se le va notificando el proceso, incluso presenta algún recurso, hasta que ya no se le comunica nada cuando los plazos alcanzan la prescripción y sale beneficiado.
.jpg)
Otras obras ilegales
El pasado diciembre se conocieron otras obras ilegales desarrolladas en una casa en Nueva Andalucía, que es propiedad de una sociedad del marido de Ángeles Muñoz y de uno de los hijos que tienen en común.
Los último conocido fue que el
7 de septiembre de 2022, el Servicio de Disciplina Urbanística pidió que
se identificara al titular de la vivienda, que en los expedientes consta a nombre de la sociedad LGSB Holding AB, que lleva las iniciales de Lars Gunnar Sune Broberg.
El
16 de diciembre, La Sexta
pilló a la alcaldesa de Marbella saliendo a primera hora de la mañana de la casa, en la que se supone que está residiendo actualmente.
Establecer como página de inicio
Añadir a favoritos
